Sebastián Ponce de León muere el 10 de febrero de 2.019 como consecuencia de las torturas padecidas mientras estaba a cargo de efectivos de la Policía de la provincia del Chaco. Desde entonces, la investigación tiene más obstáculos que avances. Sus padres, Osvaldo y Lelia lo recuerdan en esta fecha y abiertamente reconocen que tienen miedo de que el caso quede impune.

La muerte, y particularmente la forma en que ocurriera en este caso, trastoca la vida de este matrimonio de jubilados para siempre. Nadie es preparado para enterrar un hijo y ese dolor se eleva todavía más cuando el homicidio está relacionado con la violencia institucional, al que lamentablemente hay que agregarle toda clase de escollos para llegar a la verdad en los Tribunales de Justicia. 

Lelia, no puede parar de llorar cuando habla de Sebastián, “como mamá, le pido siempre perdón a Dios, porque tengo dos hijos más, tengo una nieta, tengo un buen compañero que es mi esposo, y no me alcanza nada, esa es la verdad, nada alcanza”, dice, y sigue relatando cómo es la vida sin Sebastián. “Cada vez que me levanto, me asombro de levantarme, no sé si es un premio o un castigo. Ya no se vive, me avejenté, me enfermé, ya no me rio más, no tengo alegría para nada, pero sigo para ver si hay Justicia, por mi hijo y por mi nieta”.

Osvaldo también vive con una tristeza que se profundiza por el miedo a no encontrar Justicia. Luce más entero, pero entiende que la procesión va por dentro. “Es muy difícil de explicar cómo se vive después de esto, la desaparición física de un hijo y en las circunstancias en las cuales se dio el caso, solamente estábamos apostando a que la Justicia realmente llegara, pero vemos con mucho dolor y angustia que se va deteniendo, aparentemente no toma decisiones la Justicia, a pesar de que tiene las pruebas correspondientes”, dice el sufrido padre.

Apunta directamente a un órgano creado especialmente para estos casos, la Fiscalía Especial en Derechos Humanos. Esa dependencia lleva el caso de Sebastián pero “no ejerce Justicia, así que lo único que nos queda más allá de una esperanza es tener fe. Pero tienen que cambiar muchas  cosas y me refiero claramente y llanamente a donde está la causa, que es la Fiscalía Penal Especial en Derechos Humanos”. 

Lelia, no tiene dudas respecto de quienes son los responsables del homicidio de Sebastián, tal vez por eso es más doloroso ver cómo van escapando de la ley. Y esta no es solamente una cuestión de responsables directos. “Sabemos, quien lo mató, no solamente autores materiales, sino también los encubridores, que hay muchos. Hay muchos que están encubriendo los acontecimientos reales. Es toda una cadena de encubrimientos, pienso aunque no tengo estudios de abogacía, solo soy docente, primero se está haciendo muy difícil esta investigación porque primero hay que descubrir un encubrimiento para luego llegar a un asesinato”, dice la atribulada madre.

Los padres tampoco tienen dudas respecto del mecanismo que se puso en juego el crimen de Sebastián. Osvaldo analiza con dureza: “esto es violencia institucional. Cuando no te dejan ejercer tus derechos, cuando los vulneran permanentemente, cuando mienten permanentemente. Siempre les salió bien este maridaje, a esta connivencia que tiene la Justicia con el poder político y hay casos que inclusive están registrados periodísticamente”, Lelia interrumpe y sentencia “hay muchos casos, antes de Sebastián, con Sebastián y después de Sebastián siguieron pasando”.

"Falta decisión política"

Para los padres de Sebastián no hay decisión política, no solamente para resolver el caso de su hijo asesinado, sino para enfrentar abiertamente a la violencia institucional. “Los políticos, desde arriba para abajo, desde el gobernador que es el jefe natural de la Policía, desde ahí comienza el encubrimiento y por más que hayan expresado en algunos medios de comunicación que la Secretaría de Derechos Humanos y Género, que pertenece al Gobierno provincial, que querella, y se pone a favor de la familia, nunca una Secretaría de Gobierno va a ir contra el propio Gobierno”; “es todo mentira, toda una obra de teatro, son unos hipócritas”, completa Lelia.

Por acción u omisión, para los padres de Sebastián “es una cadena de encubrimientos desde el más alto rango, comienza con el gobernador y no se si tiene fin todo esto”, dice la mamá. “Hoy esa Secretaría de Derechos Humanos y Género, no tiene subsecretario de Violencia Institucional”, añade el papá y reitera “no hay voluntad del poder político para que se resuelva, no quieren ver, encubren, tapan, mienten y la policía hace lo mismo”.

Las falencias son estructurales, Osvaldo advierte que el “Órgano de Control Institucional que tiene la Policía, sólo investiga la versión policial”, “es la única que escuchan y creen”, refuerza Lelia.

Aprietes a la familia

Pero, además, la demora en el trámite judicial habilita toda clase de aprietes a los familiares, incluso en su casa frente a la plaza principal de Barranqueras. Lelia recuerda que “después que se los denunció a ellos, como responsables de la tortura, golpiza y asesinato de nuestro hijo Sebastián, mucho tiempo los tuvimos acá amenazándonos. Nos paraban la camioneta, cuando nunca hacían eso, tengo los videos”.

Osvaldo lo ratifica y considera eso “una intimidación, hay un implicado que es agente de policía, que está imputado por el delito de tortura seguida de muerte de nuestro hijo. Lo único que le faltó a ese agente, es asistir al velorio de mi hijo,  porque estuvo en la aprehensión, en la detención, en el traslado, estuvo en la golpiza, en la tortura, en sede de la División Medicina Legal de la Policía, llamada vulgarmente Sanidad Policial, estuvo como consigna en el hospital custodiando que no se escapara mi hijo” y apunta que “luego de toda esa trazabilidad, lo vuelven a traer a la Comisaría Primera de Barranqueras y paseaba por el frente de nuestra casa con el patrullero. Estamos a tres cuadras de la comisaría”.

“Pedimos Justicia”

Finalmente, a dos años del homicidio el reclamo es el mismo: “Pedimos Justicia, que cada uno haga el trabajo que le corresponde, para eso tienen ese cargo y por eso están cobrando, que dejen de mirar para otro lado y que hagan su trabajo”, dice la mamá de Sebastián. Osvaldo por su lado llama la atención al Poder Judicial: “el procurador general y/o el procurador adjunto tendrían que ver el caso de la Fiscalía Penal Especial en Derechos Humanos que está subrogada por el anterior secretario, por el que era secretario en la gestión anterior, del cuestionado fiscal Turraca. Ese secretario, de apellido Santos, en la gestión anterior demostró clara y evidentemente cierta parcialidad con la institución policial”.

Lelia termina pidiendo: “mi hijo no es un caso, y no es un expediente, mi hijo tiene una familia y vivir esto es un horror, nadie que no pase por esto no tiene ni le menor idea de lo que se siente. Y ruego a Dios que nadie más pase por esto”.