Si bien este año se declaró la emergencia penitenciaria por el término de 3 años en todo el país en respuesta al “incremento significativo” experimentado en la población carcelaria alojada en establecimientos del Servicio Penitenciario Nacional en los últimos años, la situación en la provincia del Chaco continúa siendo preocupante debido al déficit habitacional y las condiciones en las que se encuentran los privados de la libertad.

Juan José Cima, juez de Ejecución Penal Nº2 de Resistencia, definió a la situación actual como “paupérrima” al tiempo que reclamó que “se construyan unidades carcelarias nuevas, tal como indica la Constitución Nacional en su Artículo 18 al establecer que las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”.

En tanto que el juez de Ejecución Penal Nº 1 de Resistencia, Jorge Lataza Gandini, apuntó que este hacinamiento trae aparejados otros problemas como el hecho de no poder brindarles un “tratamiento real con distintas áreas del organismo técnico criminológico”, con el que sí contarían si estaría alojados en el sistema Penitenciario. 

Lo que redunda también en un problema a la hora de otorgar salidas transitorias, libertad asistida u otros beneficios porque no se cuentan con los informes correspondientes que terminan recayendo sobre las profesionales del Servicio Social y Equipos Interdisciplinarios del Poder Judicial.

 Juan José Cima y Jorge Lataza Gandini, jueces de Ejecución Penal, exponen sobre la situación carcelaria en Chaco

La problemática se agravó cuando Chaco adhirió a  Ley Nacional 26.052 que implicó la intervención en el ámbito provincial de lo que se denominaría delitos de narcotráfico de menor cuantía, con la promesa enviar de fondos para afrontar tales cambios que aún no llegaron.

”Habría que intimar a la Nación para que traslade las partidas correspondientes para poder hacer frente a los delitos de Narcomenudeo o bien derogar la Ley ya que la provincia no está en condiciones de seguir sosteniendo la investigación de este tipo de delitos”, opinó Cima.   

Sucede, por ejemplo, que la Alcaidía de Resistencia tiene una capacidad aproximada de 250 internos cuando la habitan más de 500.

Asimismo, hizo saber que el cupo de internos alojados “está sobrepasado” con el agravante de que entre un 30 y un 40 por ciento de los condenados con prisión efectiva se encuentran alojados en comisarías. “Este hecho es contrario a lo cualquier disposición legal o supra legal”, subrayó.

Finalmente, los jueces sugirieron medidas alternativas que podrían aplicarse como el uso de las pulseras electrónicas, o bien, contar con pequeñas unidades penitenciarias donde se los pueda preparar mejor para lograr el objetivo principal que es la reinserción del interno en la sociedad. “Podrían alquilarse locales que se encuentran deshabitados en la ciudad y adaptarlos para que los internos puedan cumplir con su condena de mejor manera”, sugirió Cima.