Los diputados provinciales Jessica Ayala y Nicolás Slimel proponen que el Estado provincial controle el registro y reglamentación de guardavidas. Es impulsado por el sindicato de esta actividad.
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La diputada Jessica Ayala junto a su par Nicolás Slimel presentan un proyecto de Ley que tiene por objeto establecer que la política general en materia de registro y reglamentación de guardavidas y las vinculadas con el ejercicio profesional de dicha actividad, sea controlada por el Estado Provincial a través del organismo correspondiente. La iniciativa surge de representantes en Chaco de SUGARA (Sindicato Único de Guardavidas y Afines de la República Argentina).
La propuesta legislativa también prevé la creación en el ámbito del Ministerio de Gobierno y Trabajo, de un Registro Único de habilitación de establecimientos que cuenten con ambientes acuáticos en donde se aspire a desarrollar actividades que requieran de la intervención de un guardavidas profesional, estableciendo como requisito encontrarse registrado para obtener habilitación municipal, provincial o nacional para funcionar y para contratar guardavidas profesionales.
También propicia la creación de un Registro Único de Guardavidas Profesionales, en el que deberán registrarse toda aquella persona que realice en el territorio provincial, actividades de trabajador guardavidas, conforme las disposiciones de la Ley Nacional 27.155, teniendo como requisito encontrarse registrado para poder trabajar en calidad de guardavida profesional en establecimientos que cuenten con ambientes acuáticos.
El proyecto propone que la habilitación de los establecimientos donde funcionen los ambientes acuáticos sean otorgadas por los Municipios en donde se radiquen, siendo los requisitos de la presente Ley obligatorios, sin perjuicio de las normas municipales que la amplíen o mejoren.
Greenpeacia detecta, a través de un monitoreo satelital, el avance de los desmontes en el Norte argentino. Estima que a lo largo del 2.024, en Chaco la deforestación alcanza a 36.045 hectáreas, por lo que insiste en la penalización de la destrucción de bosques.
Mumalá, a través de su observatorio "Mujeres, Disidencias, Derechos", expresa alarma ante la disminución de denuncias en víctimas de femicidios. En su informe por el Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género, afirma que es el porcentaje más bajo de los últimos 5 años.
Potenciales integrantes para juicios por jurados a realizarse el año próximo son sorteados en un acto concretado en bolilleros de Lotería Chaqueña. Tiene el objetivo de armar la lista que presentará el Poder Judicial.
La presidenta del Insssep, Irene Dumrauf, presenta una denuncia contra el ex ministro de Economía, Santiago Pérez Pons y demás integrantes del Directorio del organismo en el período 2.020 y 2.023. En la Unidad Descentralizada de Atención a la Víctima y el Ciudadano realiza el planteo judicial por el no pago de los seguros de vida obligatorios durante los meses de esa gestión.
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