Los reclamos de los trabajadores municipales son: reapertura de paritarias urgente; recomposición salarial en todos los municipios que respete el Salario Mínimo Vital y Móvil, la concreción de un Convenio Colectivo de Trabajo que regule a los estatales, y tratamiento de aprobación del proyecto del Consejo Provincial de Trabajadores Municipales.

 

 

 

Con respecto a este último punto, el proyecto N° 1.516/21, presentado en la Legislatura provincial, plantea la creación de una comisión que involucre intendentes, sindicatos y al Ejecutivo provincial como instancia arbitral. “Nos convocamos para pedir que esta iniciativa se trate pronto y reciba aprobación. El objetivo es conformar un ente regularatorio, que sería una instancia previa a alcanzar un Convenio Colectivo de Trabajo general. No sería vinculante en principio, pero colaboraría para poner un piso de derecho para las y los trabajadores municipales al momento de las discusiones paritarias”, explica el secretario Adjunto de ATE Chaco, Neri Salazar.

 

 

 

“Entendemos que no se puede seguir sin una clara legislación al respecto, porque en esta situación en cada municipio dictaminan el salario de las y los trabajadores como quieren, ninguno llega al piso del Salario Mínimo Vital. Hay 70 municipios y hay 70 salarios distintos en el Chaco, que a su vez son montos distintos a los que tiene la provincia, cuando en realidad todos y todas somos trabajadores estatales”, sostiene.

 

 

 

Por su parte, el secretario general de ATE Chaco, Mario Bustamante, manifiesta: “Nos guía la pretensión de lograr la equidad y la igualdad salarial. Hay trabajadoras y trabajadores municipales que cobran de básico 10 mil y 15 mil pesos en el interior, con años de antigüedad. Tampoco pueden percibir los aumentos o los bonos que otorga el gobierno provincial. Lo que termina dando por resultado que cada intendente establezca las paritarias a su antojo”.

 

 

 

“Solicitamos también que cuando la Justicia intervenga pueda tomar cursos más agiles que repercutan a favor de  los trabajadores. En nuestra experiencia, los jefes comunales hacen uso y abuso de la instancia de judicialización, casi como un artilugio político para dilatar los tiempos en los casos en los que ejecutan despidos arbitrarios o se conducen con violencia”, plantea.