El defensor del pueblo adjunto manifestó su preocupación por las decisiones que se están tomando desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en relación a las pensiones a la vejez y por invalidez, solicitando al defensor del pueblo Gustavo Corregido, se arbitren los medios para pedir una audiencia con la ministra Stanley, con carácter de urgente, buscando proteger a este colectivo en nuestra provincia.
Señaló Maldonado que: “Se debe tener mucho cuidado cuando se implementan este tipo de medidas, su aplicación debería ser casi quirúrgica, pues no se puede poner en riesgo por el hecho de ejercer un control sobre el otorgamiento de pensiones, (lo cual veo con buenos ojos) cometer posibles arbitrariedades quitando estos beneficios a personas y familias que se lo merecen por derecho, en general la burocracia es muy lenta para volver asignar derechos.”
Recordó Maldonado que desde el año 2006 que se aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CIDPD) la cual entrara en vigencia dos años después luego de su ratificación por al menos 20 Estados parte, dentro de los que se encuentra nuestro país y que aun venimos con muchas cuestiones pendientes.
Finalizó Maldonado diciendo que: “Una persona con discapacidad es sujeto de derecho que merece gozar de las prestaciones de una obra social o acceder al recurso de una pensión, la discapacidad es una construcción social que debemos defender implementando políticas progresivas y luchando siempre contra los discursos que invisibilizan y generan entornos discapacitantes a través de formas políticamente correctas pero que pueden llegar a negar o menoscabar un derecho. Nuestra obligación es dar tranquilidad a este colectivo con la fuerza que da el saber que no es una cuestión de 'caridad' por parte de los poderes públicos, sino porque lo contrario supone una violación del ejercicio de sus derechos.”
