El concejal Carlos Salom manifiesta desacuerdo con la Ordenanza General Tributaria aprobada en la sesiòn de este martes 1. Sostiene que se trata de “un medio impuestazo”.
Actualidad - Ciudad
El edil Carlos Salom expone su desacuerdo con la Ordenanza General Tributaria aprobada este martes 1 de septiembre por el Concejo Deliberante de Resistencia, al considerar que “se trata de otro impuestazo que reduce al 50 por ciento aproximadamente el anterior de la Ordenanza 13.258, declarada como inconstitucional por la Justicia”.
Luego remarca que lo aprobado “dista mucho de la propuesta original del bloque UCR, de proponer un aumento acorde a la inflación”.
“Se trata de un nuevo medio impuestazo que de todas formas afecta el bolsillo de los ciudadanos de Resistencia”, afirma el concejal radical.
En contacto con la prensa, Salom detalla que “fue el domingo 30 por la noche que recibimos los detalles de la nueva ordenanza y no hubo tiempo para tratarla en comisión, ya que además venía con instrucciones desde el oficialismo de constituir al Concejo en comisión, elaborar un despacho y aprobar ese proyecto de manera inmediata”.
“Esto es un medio impuestazo”, afirma Salom sobre la ordenanza aprobada y señala que tanto él como la concejal María Teresa Celada rechazan su aprobación. “No así lo demás concejales del bloque UCR, Carla Cantero y Dino Ortíz Melgratti quienes se suman por la positiva al bloque oficialista que responde a Gustavo Martínez, junto con la concejal Alicia Frías que responde al bloque de Fabricio Bolatti, éste último aprobó en general la norma y se abstuvo en particular”, comenta.
“Siempre estuvimos dispuestos a buscar un punto de equilibrio, pero esta no es la manera de trabajar sobre todo en momentos en que la ciudadanía pide institucionalidad, respeto y coherencia, ante la crisis que viven toda la sociedad”, indica Salom.
Sostiene ademàs que esta Ordenanza aprobada en la jornada de este martes, "es un medio impuestazo que reemplaza a la Ordenanza Tributaria Municipal 2.020 número 13.258 que fue derogada ya que había sido declarada por la Sala Primera de la Cámara Contencioso Administrativa como inconstitucional”.
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