La Defensoría del Pueblo del Chaco plantea el incumplimiento del gobierno nacional a 5 medidas cautelares ordenadas por la Justicia Federal.

A través de un documento expresa:

“El gobierno nacional continúa violando sistemáticamente las decisiones judiciales en detrimento de los chaqueños. Ese accionar arbitrario es una decisión política que no es casual y que tiene antecedentes. Durante su etapa como jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri incumplió con 29 sentencias judiciales sobre derechos sociales y económicos. Hoy esas irregularidades se repiten y tienen un impacto devastador en los habitantes de una provincia con bajos recursos y mayor vulnerabilidad”, señala el texto.

Transporte, pensiones y servicios básicos

Remarca los incumplimientos a las medidas cautelares en un informe realizado por los secretarios legales de la Defensoría chaqueña. Así es que menciona: “En marzo de 2.017 se decretó la medida cautelar contra el Ministerio de Energía de la Nación, ordenándose que se abstengan de aplicar el nuevo cuadro tarifario para la energía eléctrica mayorista dispuesto por Resoluciones Nº 75/2.017, 66/2.017 y 20/2.017. Se notificó la medida y la misma a la fecha no está cumplida porque los montos de las notas de crédito que la demandada adjuntó se encuentran mal liquidados.

En este caso la empresa SEChEEP notificó que las notas de crédito de CAMESSA no tienen los valores que corresponden por errores en el cálculo. Desde la Defensoría del Pueblo se solicitó que se intime a la demandada que informe los valores con los que se realizaron los cálculos.

Por otro lado, el gobierno nacional apeló la medida y planteo una inhibitoria a los fines de que la jueza Federal de la ciudad de Resistencia se declare incompetente y remita el expediente a la Justicia Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, la inhibitoria fue rechazada por la juez y se intimó al gobierno al cumplimiento de la medida, sin éxito hasta el momento.

El 16 de agosto del año pasado, también se decretó una medida cautelar contra el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ordenando a la Comisión Nacional de Pensiones No Contributivas el restablecimiento de las pensiones no contributivas dada de baja y/o suspendidas en la Provincia del Chaco. A la fecha la orden judicial se encuentra incumplida, por lo que la Defensoría del Pueblo solicitó la intimación para el cumplimiento pero el Estado nacional interpuso un recurso de apelación. Por ello también se solicitó la prórroga de la medida cautelar que venció en marzo.

En el mes de agosto de 2.017 la Cámara Federal de Resistencia, revocó la Resolución del Juzgado de Primera Instancia que había rechazado la medida cautelar solicitada por la Defensoría del Pueblo. Con esta decisión de segunda instancia, se terminó dando lugar a la cautelar y quedó suspendida la aplicación de las Resoluciones N 45/2016 y de todo otro acto administrativo que haya autorizado el aumento de peajes en el corredor vial N° 6.

En el mes de octubre, la Defensoría del Pueblo realizó una constatación del cumplimiento de la medida, como lo había ordenado la Justicia, pero a la fecha no se ha dado cumplimiento en las casillas del Puente General Belgrano y Makallé. Se solicitó intimación pero irónicamente para sumar a los incumplimientos, el Gobierno Nacional volvió a ordenar un nuevo incremento en el precio del peaje.

Por ese nuevo aumento se interpuso otra acción de amparo y medida cautelar y se realizó una presentación denunciando el incumplimiento ordenado en la medida cautelar del 2016. Ante esta situación surgió de la Justicia Federal una resolución para supeditar estas acciones al nuevo amparo. Por ello el defensor interpuso un recurso de aclaratoria y revocatoria que se encuentra pendientes de resolve”r.

En esa línea sostiene que “corresponde marcar el incumplimiento de más larga data: el de la Secretaría de Transporte de la Nación. El 26 de noviembre de 2015 la Cámara Federal declaró la inaplicabilidad de los instrumentos que dispusieron los aumentos de tarifa del transporte, por falta de audiencia pública. La demandada interpuso Recurso Extraordinario y fue denegado. El 06 de septiembre de 2016 se celebró un acuerdo en audiencia de conciliación donde la demandada ha expresado su voluntad y metodología para cumplir el fallo pero hasta el momento eso no ocurrió.

Al analizar los aspectos expuestos, recurre a expresiones del juez Andrés Gallardo, que en el año 2.013 dijo sobre el equipo de gobierno de Mauricio Macri que "esta gestión está desapegada del cumplimiento de las pautas constitucionales, las leyes y sentencias". En su observación remarco que es un accionar sistemático y señaló que "detrás de esto subyace una postura política que construye una sociedad dual donde un pequeño grupo de ciudadanos goza de derechos constitucionales sin ningún tipo de restricción y la mayoría de la población del país queda afuera de ese goce de derechos".

“Estas decisiones reprochables del gobierno nacional atentan contra la división de poderes y mantienen vigentes decisiones administrativas que perjudican los derechos de los chaqueños”, considera la Defensoría chaqueña. Y luego afirma: “La desobediencia judicial pone en jaque la república, porque pone en duda si deben cumplirse las leyes, el mandato de los jueces y los derechos adquiridos por el pueblo”.

En último término, llamó públicamente a la reflexión al Presidente de la Nación “para terminar con este accionar que sólo se traduce en discriminación social y mayor empobrecimiento paradójicamente para una de las provincias más pobres del país”.