Sobreendeudamiento de la población: Recomiendan herramientas jurídicas paliativas ante el pico de morosidad
PUNTOS CLAVES
Radiografía del endeudamiento: Un estudio del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE) revela que el 92,3% de los hogares argentinos padece deudas, y casi 9 de cada 10 obligaciones relevadas se encuentran impagas o en mora.
Mecanismos legales vigentes: El Código Civil y Comercial y la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240) otorgan recursos inmediatos, como el deber de información calificado del proveedor, el control de cláusulas abusivas para evitar la capitalización desmedida de intereses y la facultad judicial de revisar tasas usurarias.
Proyectos de ley en marcha: A nivel nacional avanza la revisión del Proyecto de Código de Protección de las y los Consumidores y Usuarios de la Nación, mientras que en Corrientes se impulsa un proyecto provincial para regular la reestructuración de deudas.
Coyuntura y protesta social: El pronunciamiento académico se produce en la previa de una jornada de movilización frente al Ministerio de Economía de la Nación para exigir alivio financiero ante la crisis de ingresos.
En un escenario de creciente preocupación por el nivel de endeudamiento familiar contraído mediante tarjetas de crédito y billeteras virtuales en la Argentina, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) brinda detalles sobre los mecanismos legales vigentes y el estado de los proyectos legislativos en trámite para abordar esta problemática social y económica.
La alarma se enciende a partir de los datos difundidos por un informe del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE) —dado a conocer por Noticias Argentinas y publicado por el diario Perfil—. El estudio, realizado de forma federal en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constata un marcado crecimiento del endeudamiento múltiple: el 92,3% de los hogares argentinos registra algún tipo de deuda, mientras que casi nueve de cada diez obligaciones relevadas se encuentran impagas o en situación de incumplimiento.
Ante este severo panorama, el Dr. Sebastián Danuzzo, profesor titular de Derecho Civil y docente del Departamento de Derecho Privado de la UNNE, precisa que existen instrumentos aplicables dentro del marco normativo actual, aunque remarca la urgencia de contar con marcos regulatorios específicos destinados a la prevención del sobreendeudamiento.
En relación con la legislación en debate, Danuzzo se refiere al Proyecto de Código de Protección de las y los Consumidores y Usuarios de la Nación, una iniciativa de fondo impulsada por especialistas y por el propio docente que actualmente se encuentra en la instancia de revisión en el Congreso de la Nación a la espera de su tratamiento legislativo. «Si bien es un proyecto de origen técnico-académico elevado al Poder Legislativo, su avance se encuentra en las instancias de revisión en el Congreso», explica.
Asimismo, el académico destaca las iniciativas de carácter local. A nivel provincial sobresale el proyecto de Código de Implementación de los Derechos del Consumidor para Corrientes, una propuesta gestada en la propia Facultad de la UNNE que prevé normas concretas para regular la reestructuración de deudas y proteger al deudor en situación de vulnerabilidad.
En cuanto a los instrumentos normativos de aplicación inmediata contemplados en el Código Civil y Comercial y en la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240), el docente subraya que existen herramientas vigentes de contención. Entre ellas destaca el deber de información calificado por parte del proveedor —exigible en la mayoría de las relaciones de consumo que derivan en esta problemática— y el control de cláusulas abusivas para frenar la capitalización desmedida de intereses. De igual modo, resalta la facultad de los jueces para revisar la moralidad y el carácter usurario de las tasas de interés.
Danuzzo enfatiza que la aplicación de estas medidas se da «siempre bajo el mandato constitucional de protección de los intereses económicos de los consumidores, que es un deber que el Estado impone a los funcionarios y magistrados del Estado Argentino».
Las declaraciones de la casa de altos estudios acontecen en la antesala de una jornada de movilización convocada frente al Ministerio de Economía de la Nación, donde diversos sectores reclaman medidas de alivio financiero frente a la persistente crisis de ingresos.