Greenpeace exige la restauración del mayor desmonte ilegal del país
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Exigencia de restauración: Greenpeace reclama formalmente al gobierno y a la procuración de Salta la recomposición urgente de 11.815 hectáreas desmontadas ilegalmente en la finca de los empresarios Karlen.
Sustento legal: La demanda se basa en el artículo 41 de la Constitución Nacional y el artículo 40 de la Ley de Bosques, que obligan a recomponer el daño ambiental y restaurar los bosques nativos degradados.
Impacto social y comunitario: El desmonte afecta directamente la subsistencia, territorio y actividades de caza y recolección de 12 familias criollas y de las comunidades originarias Wichi, Corralito y Cuchuy.
Daño a la biodiversidad: Se registra la presencia de 31 especies de mamíferos en los alrededores de la finca, encontrándose nueve de ellas en estado vulnerable.
Sanción y advertencia forzada: Ante los reiterados incumplimientos de los dueños —lo que llevó a la Justicia a elevar la multa a 15 millones de dólares—, la ONG advierte que se puede activar una ejecución forzada a costa de los infractores y embargar las tierras en garantía.
SALTA/BUENOS AIRES (Junio de 2026)— La organización ecologista Greenpeace reclama la urgente implementación de tareas de recomposición ambiental en la finca de Juan José Karlén y Daniel Darío Karlen, ubicada en el norte de la provincia. El pedido se formaliza tras la reciente y millonaria multa de 15 millones de dólares impuesta a los empresarios por el desmonte ilegal de 11.815 hectáreas.
Mediante una carta dirigida al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y al procurador general, Pedro García Castiella, la ONG advierte que la Constitución Nacional establece en su artículo 41 que “el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer”. Asimismo, recuerda que el artículo 40 de la Ley Nacional de Bosques (26.331) dicta que corresponde a las autoridades locales la realización de tareas para la recuperación y restauración de los bosques nativos afectados por eventos antrópicos que los degraden.
La advertencia de Greenpeace se apoya en el acuerdo de restauración ambiental firmado en diciembre con los propietarios. En ese documento se informa que en la finca habitan 12 familias criollas y que las comunidades originarias Wichi, de Corralito y de Cuchuy utilizan el antiguo bosque para la caza, la recolección de recursos vitales como el chaguar y la subsistencia económica.
El impacto ambiental también golpea de forma directa a la fauna local. El informe técnico señala que se encuentran 31 especies de mamíferos en las zonas aledañas a la finca, de las cuales nueve están categorizadas a nivel nacional bajo la condición de "vulnerables".
Finalmente, Greenpeace destaca que el acuerdo deja establecido un mecanismo de ejecución forzada. En caso de que los empresarios persistan en el incumplimiento, se podrá abrir un proceso de sentencia forzada para restaurar el ecosistema a costa y cargo de los Karlen, utilizando los mismos inmuebles afectados como garantía del proceso.
Este reclamo surge dos semanas después de que la Justicia salteña elevara a más de 21.800 millones de pesos (unos 15 millones de dólares) la multa a los empresarios ante sus reiterados incumplimientos. El caso, denunciado inicialmente por Greenpeace en 2013 y 2016, incluye históricas protestas en el terreno donde los activistas llegaron a desplegar un cartel gigante para visibilizar el ecocidio.