Caso Nelson Gusak: una desaparición rodeada de dudas y fuertes cuestionamientos al accionar policial

El Comité para la Prevención de la Tortura se presenta como querellante en la causa que investiga la desaparición del joven chaqueño, ocurrida tras un controvertido operativo de seguridad. Mientras se aguardan los resultados de ADN sobre los restos óseos hallados recientemente, la familia exige respuestas y denuncia graves irregularidades en la investigación.

Síntesis de la Noticia


Intervención de Derechos Humanos: El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco (CPTCh) se constituye como querellante, apuntando a una posible responsabilidad de efectivos policiales.

Irregularidades en el operativo: Testigos afirman que Nelson Gusak fue golpeado por la policía antes de desaparecer; la familia denuncia hostigamiento policial posterior.

Manipulación de evidencia: El celular de la víctima aparece meses después en poder de la policía, encendido y con la memoria borrada.

Hallazgo de restos óseos: Se encuentran restos en la zona sur de Resistencia, sin preservación de la escena y con piezas clave (como el cráneo) halladas posteriormente por la propia familia.

Estado judicial: Se aguardan pruebas de ADN para identificar los restos. La causa enfrenta disputas de competencia mientras la familia descarta la hipótesis oficial de suicidio.

Comite para la prevencion de la tortura

RESISTENCIA (jUNIO DE 2026)- La presentación se realiza con el patrocinio legal de los abogados Manuela González y Alberto Cuellar. En el escrito judicial, el organismo sostiene que el planteo “se formula primigeniamente contra trabajadores policiales que podrían haber intervenido/actuado en carácter de autores, cómplices, instigadores o encubridores del hecho”.

Esta intervención se produce en el marco de una investigación atravesada por múltiples dudas y fuertes cuestionamientos de la familia hacia la Policía provincial.

Testimonios y denuncias sobre el accionar policial


Nelson Gusak tiene 26 años cuando desaparece. La última vez que se lo ve es el 20 de septiembre de 2025 en el barrio Zampa, bajo la jurisdicción de la Comisaría Séptima de Resistencia.

Desde entonces, su madre, Silvina Espinosa, inicia una búsqueda sostenida mediante recorridos propios, testimonios barriales y reiterados reclamos institucionales. Su reconstrucción de los hechos comienza con el relato de jóvenes que están con Nelson en una vivienda ubicada sobre la calle 8, cerca de la casa de su madre.

Según estos testimonios, efectivos de la Comisaría Séptima intervienen en el lugar ese mismo día. Tres de los acompañantes de Nelson son detenidos por el supuesto robo de un carro y recuperan la libertad al día siguiente, cuando las cámaras de seguridad confirman su inocencia.

En sede judicial, uno de los jóvenes detenidos afirma que, durante el operativo, Nelson permanece dentro de la vivienda y que los agentes lo golpean brutalmente, señalando que el joven queda en el lugar cuando el resto es trasladado.

“A mi hijo le empezaron a pegar patadas y piñas”, sostiene Silvina Espinosa, basándose en los testimonios recabados.

La madre denuncia, además, reiteradas situaciones de hostigamiento. Relata que la policía acude a su casa a cualquier hora para llevarla a declarar a la Comisaría Quinta durante largas jornadas. Asimismo, recuerda una alarmante frase pronunciada por un agente:

“A lo mejor aparece con un tiro en la espalda por cuatrero. A lo mejor está perseguido o escondido”.

La familia asegura que estas situaciones disminuyen recién cuando interviene su abogada, Gabriela Bertoya.

El celular: contradicciones y sospechas


Uno de los ejes que retoma el Comité es la aparición del teléfono de Nelson meses después del hecho. Silvina insiste desde el principio en que el dispositivo está en la Comisaría Séptima, aunque distintos efectivos niegan conocer su paradero.

“¿Para qué querés el celular de tu hijo si lo que estás buscando es tu hijo, no su celular?”, le responde un funcionario policial ante sus insistencias.

Finalmente, el dispositivo aparece. Según el expediente, el teléfono es secuestrado durante el operativo de septiembre. Sin embargo, cuando el hermano de Nelson acude a reconocerlo, observa que el aparato se encuentra encendido y reseteado de fábrica, lo que para la familia constituye un claro indicio de manipulación de evidencia.

Restos óseos y falta de respuestas


A fines de abril de 2026, se hallan restos óseos en una zona de monte cercana a la avenida Nicaragua y calle 19, en la zona sur de Resistencia. Silvina se entera a través de vecinos y redes sociales, denunciando que ninguna autoridad judicial o policial se acerca a informarle.

La familia señala graves irregularidades en el lugar del hallazgo, afirmando que el predio nunca es preservado y que la circulación de personas continúa con normalidad. Días después, durante un rastrillaje organizado por los propios familiares, ellos mismos encuentran un cráneo a simple vista, a escasos quince metros del primer hallazgo.

Cuestionan también el estado de la dentadura encontrada, ya que Nelson conserva todas sus piezas dentales al desaparecer. Esto abre interrogantes sobre posibles lesiones previas a la muerte.

Hasta el momento, los 131 restos óseos analizados —compatibles con un varón de entre 20 y 30 años— continúan pendientes de identificación definitiva mediante ADN. El esqueleto incompleto impide determinar científicamente la causa y fecha del deceso.

La hipótesis del suicidio


La investigación baraja la hipótesis de un suicidio debido al hallazgo de un cable en la zona. La familia la rechaza categóricamente, tildando de "confuso" que el cuerpo aparezca siete meses después en el mismo lugar. Además, señalan que el grosor de la rama no soportaría los 70 kilos del joven.

Ante este escenario, la familia sostiene que "los mismos que acusamos son los que supuestamente están investigando".

La continuidad de la investigación


En los últimos días, el Comité solicita nuevas medidas de prueba ante la Fiscalía de Derechos Humanos, incluyendo un nuevo rastrillaje tras el hallazgo de más restos por parte de la familia a finales de mayo. A su vez, exigen informes sobre la participación de gabinetes científicos especializados.

Actualmente, la causa atraviesa un conflicto de competencia. La Fiscalía Especial de Derechos Humanos rechaza intervenir alegando falta de pruebas para acreditar la responsabilidad policial directa, por lo que el expediente es elevado a la Procuración General Adjunta para que defina quién debe investigar.

Mientras se exige una investigación exhaustiva e independiente, Silvina Espinosa mantiene firme su reclamo:

“A mi hijo, vivo o muerto, yo lo quiero encontrar y no voy a parar”.

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