Capitanich rechaza los acuerdos con holdouts y advierte sobre el aumento de la deuda pública
Síntesis de los ítems principales
Rechazo al acuerdo: Oposición al pago de USD 171 millones a los fondos especulativos Bainbridge Ltd. y Attestor impulsado por el Gobierno.
Alerta por endeudamiento: Advertencia sobre el aumento de la deuda pública, que creció USD 125.966 millones entre fines de 2023 y abril de 2026.
Crítica a la falta de estrategia: Cuestionamiento al pago de dólares a holdouts sin un plan de deuda integral, limitando el financiamiento del Estado en áreas clave.
Defensa de reestructuraciones previas: Reivindicación de los canjes de 2005 y 2010, argumentando que premiar a los que litigaron debilita la equidad soberana.
Argumentos legales e históricos: Comparación con el fracaso de los pagos de 2016 para el acceso al crédito y recordatorio de la vigencia de la Ley 27.207 sobre reestructuración soberana.
El senador nacional por Chaco, Jorge Capitanich, rechaza en el recinto los acuerdos impulsados por el Poder Ejecutivo para cancelar litigios con Bainbridge Ltd. y el grupo Attestor por un total de 171 millones de dólares, y advierte sobre el fuerte crecimiento de la deuda pública nacional.
Durante su intervención, señala que la deuda pública pasa de 368.225 millones de dólares al 31 de diciembre de 2023 a 494.191 millones al 30 de abril de 2026, lo que representa un incremento de 125.966 millones de dólares. En este contexto, cuestiona que el Gobierno impulse pagos en moneda extranjera a fondos que permanecen fuera de las reestructuraciones mayoritarias, careciendo de una estrategia integral de deuda.
Para Capitanich, el proyecto expresa una decisión política inadmisible: pagar en dólares a fondos que apuestan contra la reestructuración argentina, mientras crece la deuda pública y el Estado enfrenta restricciones para financiar prioridades sociales, productivas y estratégicas.
El legislador remarca que las reestructuraciones de 2005 y 2010 cuentan con una adhesión mayoritaria de acreedores que aceptan quitas, plazos y nuevas condiciones de pago. Frente a ello, advierte que otorgar condiciones particulares a quienes quedan fuera de esos procesos y litigan contra la Argentina debilita la lógica de las reestructuraciones soberanas y premia una conducta especulativa.
También vincula el debate actual con la experiencia de 2016, cuando el pago a los fondos buitre se presenta como una solución definitiva para normalizar el acceso al crédito. Según plantea, esa política no resuelve la restricción externa ni evita nuevos ciclos de endeudamiento.
En el plano jurídico, Capitanich sostiene que la prórroga de jurisdicción extranjera no implica renunciar automáticamente a la inmunidad de ejecución ni desplazar las defensas que conserva el Estado argentino. Además, recuerda que sigue vigente la Ley 27.207, que declara de orden público nacional los principios de Naciones Unidas sobre reestructuración de deuda soberana.
La posición del dictamen de minoría es clara: no se trata de desconocer la posibilidad de negociar, sino de rechazar acuerdos parciales que consolidan beneficios para fondos especulativos, afectan la equidad frente a los acreedores que aceptan los canjes y condicionan la política de deuda pública argentina.
Finalmente, Capitanich plantea que la Argentina necesita una política de deuda transparente, sustentable y soberana, que defienda el interés nacional, respete a quienes participan de las reestructuraciones y no vuelva a colocar al Congreso frente a pagos individuales impuestos por la presión de fondos buitre.