El bloque Chaco Puede impulsa la Ley de Puertos y cambios en licencias gremiales
- Ley de Puertos: Se busca actualizar el marco legal para modernizar el sistema portuario, fomentar inversiones y convertir a Barranqueras en un centro logístico clave para el norte argentino.
- Alineación nacional: La propuesta se encuentra en sintonía con las iniciativas nacionales de modificación de la Ley de Cabotaje.
- Cambio en licencias gremiales: El Proyecto de Ley 303-26 plantea que los dirigentes sindicales con cargos electivos dejen de percibir su salario estatal, pasando esa carga financiera a los sindicatos.
- Derechos garantizados: A pesar del cambio en el financiamiento salarial, la nueva ley asegura la reserva del puesto de trabajo, la antigüedad y los aportes jubilatorios de los dirigentes.
RESISTENCIA – En una sesión legislativa marcada por la búsqueda de reformas estructurales, el bloque Chaco Puede ingresa al recinto dos proyectos de ley fundamentales para la provincia. Por un lado, la nueva Ley de Puertos busca actualizar el marco regulatorio actual para incentivar la inversión privada y potenciar el desarrollo logístico de la región.
El proyecto, en consonancia con las políticas nacionales de modificación de la Ley de Cabotaje, posiciona al Puerto de Barranqueras como un nodo estratégico para el comercio del norte argentino. La normativa apunta a favorecer la radicación de inversiones y dinamizar el mercado laboral vinculado al movimiento de cargas.
Reforma en licencias gremiales
En el mismo orden, la bancada impulsa el Proyecto de Ley 303-26, que propone una modificación sustancial al régimen de licencias gremiales en el Chaco. La iniciativa establece que los dirigentes sindicales que se ausenten de sus funciones en la administración pública para ejercer cargos electivos en sus gremios pasarán a hacerlo sin goce de haberes estatales.
Actualmente, es el Estado provincial quien financia dichos salarios; bajo el nuevo esquema, esa responsabilidad recaerá directamente sobre las organizaciones sindicales. La norma garantiza, no obstante, la reserva del puesto laboral, el cómputo de la antigüedad y los derechos jubilatorios de los trabajadores involucrados.