Convocan a una mesa de concertación
La presidenta del Poder Legislativo, Élida Cuesta, acompañada por los presidentes de los distintos bloques políticos, presentó el proyecto de Ley Nº3798 que establece la creación de Mesa de Concertación Política y Social del Chaco, que funcionará como un medio de participación ciudadana. Esta iniciativa busca generar un proceso de interrelación del Gobierno provincial con los sectores públicos, los ciudadanos y las diversas organizaciones, para adoptar acuerdos sobre la forma más eficiente, transparente y justa de consolidar la práctica de la democracia participativa.
También estuvieron presentes los diputados provinciales Raúl Acosta (Concertación-Forja); Hugo Sager y Celeste Segovia (PJ); Carim Peche y Gustavo Corradi (UCR); Daniel Trabalón (Frente Grande) y Carlos Martínez (Libres del Sur).
La titular de la Legislatura aseguró que esta iniciativa surge del convencimiento de que la participación del conjunto de los sectores públicos y privados de la Provincia permitirán superar la problemática social, económica y política que se encuentra atravesando el país y que afecta el desarrollo del Chaco. “Esta mesa tendrá el objetivo de concertar políticas sociales, lograr una agenda común de gobierno, facilitar el diálogo, coordinar la participación activa de los distintos actores en todas las fases del proceso del desarrollo local, para trabajar de manera conjunta y ordenada por el bien común”, indicó Cuesta en conferencia de prensa.
“Creemos que en estos tiempos en lo que la sociedad está atravesando un momento económico y social muy difícil, todos los sectores de la sociedad civil tenemos que estar sentados en la misma mesa para consensuar una agenda de temas para lograr el bienestar de toda la comunidad”, acotó la legisladora.
CONVOCATORIA MULTISECTORIAL
El proyecto de ley establece que la integración de esta mesa estará a cargo del Poder Ejecutivo Provincial quien tendrá la facultad de convocar a los diferentes poderes del Estado, universidades, iglesias, representantes gremiales, organismos no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil a los efectos del mejor cumplimiento de los objetivos. “Una vez sancionada la ley, el ejecutivo tendrá que reglamentar dicha normativa dentro de los 30 días para que se ponga en funcionamiento”, aseguró la presidenta.