En la Casa por la Memoria, se realiza, en la mañana del lunes, el conversatorio “Nunca Más violencia institucional” con referentes en la temática y familiares de víctimas de Chaco y del NEA. La actividad cuenta con un panel integrado por Claudia Cesaroni. abogada del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC);  Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria de Buenos Aires, y Sandra Raggio directora general de la mencionada institución bonaerense. En representación de familiares de víctimas participan también Rubén Ponce de León, padre de Sebastián; Susana Pintos, madre del soldado Mauro Ramírez; Leticia Ojeda, madre de Diego Barreto, y familiares de Corrientes, Formosa y Misiones.

Acompañan esta iniciativa, integrantes del Comité Provincial contra la Tortura y militantes de derechos humanos. En ese marco, la diputada provincial Alicia Azula hace entrega de la declaración de interés legislativo de esta actividad.  

El encuentro comienza con la bienvenida del presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Mauricio Amarilla, quien saluda la participación de los y las presentes y destacó la importancia de que ámbitos como la Casa por la Memoria alberguen este tipo de actividades. 

Por su parte, Roberto Cipriano García afirma:  “Nos parece muy oportuno el título, el Nunca Más fue una consigna contra el terrorismo de Estado. Con la recuperación de la democracia La perspectiva de aquel momento era que la democracia iba a traer las garantías de que no se iban a repetir esas prácticas. Lo que se pensaba no pasó”. En ese sentido, explica que “A la fecha se calculan 200 casos de desaparición forzada, si bien no hay datos oficiales, hay muchas investigaciones al respecto, y miles de casos de torturas y malos tratos. Es una práctica sistemática de las fuerzas policiales. Es el patrón común en todos los lugares y de modo continuo, no se detiene”.  

Control policial y cadena punitiva

Además sostiene que “la política tiene mucho que ver en estos dispositivos, pensados en clave de gestión de las poblaciones excluidas, para controlaros a través de la política de seguridad en clave de control, no de prevención de delitos. Son políticas transversales a todos los gobiernos, a veces tienen la intención de desmantelar este modelo, pero no logran hacerlo, otras veces ni siquiera lo intentan”.  “El problema es que ese sistema se constituye en algo que llamamos la cadena punitiva. El poder judicial trabaja junto con la Policía, son parte de la misma cadena. Y el tercer eslabón de la cadena es el servicio penitenciario”. 

“No hay una decisión de fortalecer servicios de protección a la juventud, sólo la bajada de la Policía al territorio. El delito se asocia con problemas de consumo y adicción, y no hay políticas de abordaje en clave de salud. En Buenos Aires de cada 10 personas que llegan a indagatoria ante un fiscal 9 lo hacen sin unan orden judicial previa. El año pasado la policía detuvo a  400 mil personas, sólo un 4 personas llegó al servicio  con una causa penal”, asevera.

“Debe haber un mayor esfuerzo estatal para acompañar  a las víctimas. Se debe pensar decisiones políticas claras del gobierno y también de la oposición. Que desde esta Casa por la Memoria estén tocando estos temas es algo remarcable. El desafío es ensanchar los márgenes de lo posible”, destaca.

Violencia estatal

Claudi Cesaroni plantea que las gestiones de seguridad son un problema de larga data con la complicidad legislativa en “sanción de leyes infames” y condiciones de detención similares a las de la dictadura. “Toleramos cosas cerrando los ojos a esa realidad” remarca.

Dice que esto empeoró a partir del año 2.004, luego del asesinato de Axel blumberg; ya que entonces “comienza el recorrido de leyes regresivas dinamitaron el criterio de ejecución penal” y se verifica el cese de los periodos de prueba, o de libertad condicional y/o salidas transitorias. “Toda la expectativa de reinserción se anula y una decisión política de no intervenir y de hacerle creer a la gente que eso se combate el delito”, replantea.

También reivindica el rol de Ni una menos en tanto desde ese espacio “plantearon que no se usara el crimen de Micaela García para justificar una reforma que dinamitara el sistema de ejecución penal”. Esa reforma destruye la idea del tratamiento individual y generó categorías enteras de personas irrecuperables, y ese fue el término utilizado para muchos detenidos durante la última dictadura que fueron desaparecidos.

Por último Sandra Raggio indica que la violencia de Estado es “violencia política, antes y ahora”. “Así como su momento hubo una lucha del Estado contra la resistencia a la dictadura. Hoy durante la democracia esa situación se profundizó. El estado despliega otra vez una violencia represiva contra los sectores que desplaza”. 

Críticas a fiscales

Luego de las intervenciones se realiza un intercambio entre disertantes y público. Rubén Ponce de León, afirma; “Este es el momento de dejar de ser noticia simplemente, tenemos que ser historia. Transformémonos en historia y que esto sea una bisagra y un quiebre. En el Chaco, la Policía tortura y mata. Hay un mecanismo siniestro de encubrimiento del Poder Judicial a través de fiscales que bajan caratulan a los crímenes de modo de conseguir penas menores a los responsables”. Su hijo, Sebastián Ponce de León. detenido el 31 de enero de 2.019 en una casa de Barranqueras es sometido a torturas. Diez días después, fallece en el hospital Perrando como consecuencia de los golpes recibidos. 

El joven Ezequiel Cubilla, de la agrupación Marcha de la Gorra y del movimiento Evita sostiene: “Este es un debate cotidiano y necesario, si no le ponemos un freno generando estos espacios esto va a seguir avanzando.  El Órgano de Control Institucional (OCI) debe controlar a la Policía, pero está integrado por policías, cómo vamos a poder controlar a la Policía con este tipo de organismos”. 

Asimismo, Susana Pinto, relata su peregrinar para lograr justicia por asesinato de su hijo hasta la reapertura de la causa en 2.016. Su hijo fallece de un disparo en el pecho mientras cumplía su guardia en el regimiento de Infantería Monte 30 de Apóstoles, Misiones, el 26 de junio de .2003.“Nuestros hijos en la fuerza sufren lo mismo que los chicos de los barrios. Es grave, y con todos los datos que pude conseguir gracias a la entonces ministra Nilda Garré, pude detectar que los jefes fueron instruidos en la época de la dictadura”. “Llevo 19 años luchando, es la tercera vez que se reabre la causa, es sorprendente lo que cuentan los testigos”, reafirma su peregrinar por justicia. 

También toma la palabra la madre de Diego Barreto, asesinado el 13 de febrero de 2.020. “Me quedé estancada en esa fecha. La policía lo caratuló como suicidio, pero fue homicidio”. “Crecí al lado de mi hijo y me lo arrebataron. Las personas que actualmente ocupan cargos en la fiscalía de Derechos Humanos tendrían que ser remplazadas por personas capacitadas, que lleven adelante ese trabajo. Lo único que hacen es encubrir y seguir encubriendo. Hablo por otras mamás que no tienen los medios para hacer conocer sus verdades, con causas archivadas, ojalá que las personas en la fiscalía hagan su trabajo”.

Por último, Mónica Caballero de la Fundación Napalpí,  recuerda los casos de apremios en Fontana, el caso de Maximiliano Francia, un joven desaparecido a diez cuadras, en una persecución institucional y remarca que “Cuando hablamos de violencia hablamos de racismo, de portación de rostro, o por el simple hecho de pertenecer a una comunidad originaria”.