Promueven un retiro voluntario para trabajadores a cargo de personas con discapacidad
La presidenta de la Legislatura chaqueña, Élida Cuesta, propicia un sistema de retiro voluntario para trabajadores estatales que sean progenitores o familiares a cargo de personas con discapacidad. El haber mensual será del 100 por ciento de los ingresos de quienes acceden al programa.
La titular del Poder Legislativo, Élida Cuesta, presenta el proyecto de Ley Nº 642/22 que propone un sistema de retiro voluntario para trabajadores estatales que sean progenitores o familiares a cargo de personas con discapacidad. El haber mensual de quienes acceden al programa consistirá en el 100 por ciento de sus ingresos, aunque solo podrían acceder los agentes con quince años de aportes previsionales.
Además, solo podrá acogerse a este beneficio una o un agente por persona con discapacidad, debidamente legitimada mediante un certificado único emitido por Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Iprodich).
Cuesta remarca la importancia de garantizar herramientas legislativas para lograr una verdadera inclusión y una mejor calidad de vida de las personas con discapacidad. “Cuando hablamos de inclusión también hablamos de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y acompañar a sus familias, sabemos de la realidad de muchas trabajadoras y trabajadores que tienen a cargo a un familiar con discapacidad, que requiere de cuidados especiales, y esta propuesta trata de acompañarlos”, manifiesta.
La legisladora asegura que quienes se acojan al programa de retiro voluntario móvil percibirán la totalidad del haber mensual. “Los cuidados de las personas con discapacidad requieren muchos gastos, es por esto que todas las y los agentes que se acojan a este programa recibirán el 100 por ciento de los conceptos remunerativos mensuales al momento del dictado del instrumento legal del otorgamiento del beneficio”, asevera.
Por último, la titular de la Legislatura chaqueña afirma que el proyecto propone la creación de una junta evaluadora que garantice la transparencia del acceso al programa, que estará compuesta por profesionales del InSSSeP, Iprodich y Recursos Humanos de la provincia para garantizar un proceso transparente y ágil.
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