El concejal Fabricio Bolatti, pone en manifiesto “el incumplimiento de la sentencia judicial que declaró inconstitucional la Ordenanza Tributaria 2.021, norma que determinaba el valor de los tributos para cada año, y que generó la determinación y cobro de montos superiores a los que surgen de aplicar la normativa que entiende, corresponde en materia tributaria”. Para ello, pone a disposición de  los contribuyentes, un informe que aporta a la identificación de las obligaciones vigentes y de tal manera poder controlar los valores exigidos por la gestión municipal, y hacer el reclamo si correspondiera.

“Se hace difícil y muchas veces hasta imposible dar respuesta a las vecinas y vecinos que buscan se les fundamente o justifique ‘actos’ que se llevan a cabo en el Municipio y en distintas cuestiones, tales como las presupuestarias, de afectación de fondos públicos, de la imposición de honorarios extrajudiciales cobrados por terceros ajenos al municipio, y sobre todo, aclaraciones sobre los montos crecientes de tributos que llegan en las boletas”, señala.

“La imposibilidad de saber institucional y legalmente qué, porqué y cómo se sostienen algunas medidas o políticas aplicadas por el Ejecutivo, genera hasta angustia de tipo formal, obligándonos a buscar y estudiar los temas con la idea de poder responder y aclarar cada uno, ante la ciudadanía. Esto que parece una excepción política y de gestión, fue la forma impuesta por el oficialismo de Gustavo Martínez – CER – y sus aliados de la UCR en el Municipio de Resistencia”, asevera el edil.

En ese sentido, Bolatti sostiene que “nos motiva a realizar el mayor esfuerzo para ejercer el control, buscando informar sobre la Institución Municipal, y en ese camino pudimos hacernos de información pública -que la gestión no nos brinda- y llegamos a analizar un conjunto de boletas o liquidaciones de tributos aportadas, donde observamos incrementos interanuales de tributos que entendemos no corresponden”, denuncia. 

"Devolución del ‘Impuestazo’"

Bolatti afirma que “la nueva norma que reemplazó a la del ‘impuestazo’, redujo los incrementos originales y generó una nueva liquidación de los tributos a pagar, la que debía ser de menor monto. Así, en los casos que fueron abonados quedaría una diferencia a favor de las y los contribuyentes que debía ser devuelta por el Municipio; sin embargo, se aplicó una liquidación que prescindió de los detalles, y solo informaba un saldo que pasaba a ser un crédito”, remarca. 

“En los casos sobre los que recayó el incremento general, encontramos diferencias en perjuicio de las y los vecinos, quienes recibieron el equivalente a un 20 por ciento de lo pagado teniendo que estar cerca del 30 por ciento. En el caso de los altos incrementos que fueron abonados, vemos que se mantiene el criterio de devolver un monto en torno al 20 por ciento de ese monto, cuando en algunos casos debió corresponder una devolución superior al 200 por ciento”, precisa.