Desde la CTA Autónoma Chaco dan a conocer que “vemos con gran preocupación, el proyecto de Ley 1.676/2.020 presentado por el Ejecutivo Provincial a la Cámara de Diputados de la Provincia, en el cual se pretende crear la empresa estatal de fondos mixtos (privatización y precarización laboral) Obras y Servicios Integrales del Chaco S.A. Dado que dentro de su objeto hay una gran variedad de tareas que pretende realizar y se superpone con el funcionamiento de las demás empresas del Estado ya existentes, (artículo 2:  tendrá por objeto la prestación de servicios de diversa índole integralmente por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, las siguientes actividades: las tareas relacionadas al saneamiento ambiental; limpieza, desmalezamiento y mejoramiento integral de edificios y espacios públicos nacionales provinciales y municipales; refacción y mantenimiento de instituciones públicas y privadas en el ámbito de su competencia; trabajos de pinturería, albañilería y toda otra tarea que sea requerida siempre y cuando se encuentre contenida en el estatuto social de la empresa; prestación de servicios de portería, guardia y vigilancia de edificios y espacios públicos de cualquier naturaleza; reparación y mantenimiento de bienes, automotores, y motovehículos de propiedad del Estado provincial; la ejecución de obras de construcción, infraestructura y servicios en general.- proyectos vinculados al uso de fuentes renovables destinadas a la producción de energía eléctrica.- entre otros…). 

A partir de lo expuesto, la CTA Autónoma Chaco, expresa que “vemos que esta nueva empresa, pone en jaque los puestos de trabajo y el sustento de más de 15 mil familias ya que no solo viola claramente la Constitución Provincial del Chaco, articulo 54, donde la opinión pública, dejó claro, a través del referéndum del 94, que expresa que toda empresa de servicios públicos, deben pertenecer al Estado Provincial. Por todo ello es que necesitamos que todos los trabajadores y la sociedad tome conocimiento, de que esta nueva empresa, tal como está articulada en sus objetos, se torna claramente inconstitucional, ya que tiene objetos en común con las empresas del Estado ya creadas  (SEChEEP y SAMEEP),  como así también  sobre varios ministerios y secretarias del Estado, en donde, el personal dejará de pertenecer al Estado,  que la misma al ser de fondos mixtos, con participación privada, (privatización encubierta)  claramente funcionará con contratos laborales a la baja, con precarización y sub-contratación, en detrimento del servicio y con un claro objetivo recaudatorio, lo cual agravaría seriamente la economía de todas las familias chaqueñas”. 

En el tramo final, la CTA Autónoma Chaco considera que “de crearse esta empresa sería volver claramente al neoliberalismo de los años 90, que como ya es más que conocido fracaso rotundamente como modelo económico y hasta el día de hoy seguimos sufriendo sus consecuencias como ocurre en la provincia de Buenos Aires con sus empresas de gas, luz y agua”.