Policías Autoconvocados repudian política salarial para el sector de seguridad

El Frente de Policías Autoconvocados del Chaco sale a dar su postura sobre los anuncios del Gobernador sobre “la pauta salarial para el personal del Escalafón Seguridad, incluye a policías y penitenciarios, a partir del 1° de setiembre de 2.020, de un 7,8 por ciento de recomposición en el sueldo básico, la imposición de una suma fija, en negro, de 5 mil pesos en concepto de refrigerio, y el inicio del blanqueo de una suma no remunerativa", el Frente de Policías Autoconvocados del Chaco (FREPACh). Al respecto, fija la siguiente posición:

Repudia “la negación al diálogo democrático de la ministra de Economía, Maia Woelflin, el martes pasado cuando no accedió a concedernos el derecho, como legítimos representantes de policías retirados y pensionados del Chaco, de participar en la reunión de la mesa técnica salarial convocada para tratar propuestas para el sector, que dieron base a los anuncios del Gobernador, en el día de ayer”. Califica a esta actitud de “antidemocrática” y suma a "la negación al diálogo de la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar el 10 de marzo pasado, y a la falta de respuesta a los reiterados petitorios de audiencia al propio Gobernador Jorge Capitanich”. Insta al Gobernador “a que nos atienda y podamos seguir participando en la mesa técnica creada por él mismo en 2.010, como espacio de diálogo y construcción de las políticas salariales para el Escalafón Seguridad”.

Además, repudia “la imposición de la nefasta política salarial de montos en negro, disfrazada ahora de un suplemento por refrigerio, a través de un eufemismo administrativo de pago de una suma no remunerativa ni bonificable, a contrapelo de la política salarial del Gobierno Nacional que anunció el blanqueo de todas las bonificaciones de FFAA y de Seguridad nacionales”.

También rechaza la política salarial al considerarla “inaceptable ajustadora, negrera y hambreadora de los trabajadores policiales y penitenciarios del Chaco en general”. Asimismo sostiene el frente de los uniformados autoconvocados que esta política salarial genera “un enorme perjuicio económico a los trabajadores activos, toda vez que los ilegales montos fijos y en negro causan efectos negativos como ser los siguientes: producen el achatamiento de la estructura salarial a nivel del salario de bolsillo, no acumulan para el cálculo del aguinaldo; no son base de cálculo de otras bonificaciones; no se computan para el cálculo del haber de retiro; no se computan como base de cálculo de los servicios de Policía Adicional; no se actualizan con las recomposiciones salariales. Por ejemplo, el suplemento recargo de servicio que actualmente se paga 1.000 pesos quedó congelado desde el 1° de julio de 2.015 y perdió gran parte de su valor real; y como si todo esto fuera poco, desfinancian al InSSSeP, que anda de mal en peor”. 

Así también, señala que “se perjudica a los retirados y pensionadas, a quienes no tiene alcance los montos en negro. En definitiva el único que se beneficia es el Gobierno de turno que se queda con una parte importante de los fondos que deberían destinarse a masa salarial”, sostiene.

Reitera el reclamo de “continuidad del proceso de blanqueo salarial de los montos en negro, apelar a la coherencia y a la razonabilidad del Poder Ejecutivo ante la contradicción evidente entre el anticipo de blanqueo salarial del suplemento recargo de servicio anunciado (de un 8 por ciento), y la imposición del suplemento refrigerio. O sea por una parte se dispone el anticipo del blanqueo de mil pesos, y en el mismo acto se impone un nuevo monto en negro por 5 mil pesos”. “El Gobierno debería definir primero si va a aplicar una política de blanqueo como dice o una política de negreo como hace”, plantea.

El FREPACh ratifica “los principios fundacionales de nuestra organización con fines gremiales de lucha pacífica respetando la Ley, sin actos de violencia ni cortes de calles, y de búsqueda permanente del diálogo democrático con propuestas, y nuestra posición histórica de desaconsejar la realización de protestas colectivas, como así de cualquier modalidad de paro o retención de servicios del personal en actividad que perjudiquen al servicio de seguridad pública en la comunidad, lleven zozobra a la población, pongan en crisis al Estado y terminen con hechos no deseados por nadie”.

En último término, apela “a la cordura y a la sensatez del Gobierno para apostar más que nunca al diálogo propositivo para dirimir los conflictos laborales y salariales del sector”.