El partido Frente Grande del Chaco expresa su apoyo a la decisión del Poder Ejecutivo provincial, de no admitir el reingreso a las actividades del personal de la Comisaría de Fontana, mientras se esté investigando el hecho. Todo indica que protagonizaron una violenta represión a una familia qom en la madrugada del 31 de mayo.

Una actitud inadmisible

Considera que se trata de “una actitud inadmisible la asumida por la cúpula de la policía provincial de intentar la reinstalación del personal con la excusa de la liberación por parte del Poder Judicial de los agentes que fueron claramente identificados por filmaciones en el marco de la represión. Una decisión que de hecho se transforma en este contexto es un aval político de las autoridades policiales, no solo a los agentes involucrados sino también a este tipo de accionar”, reafirma posición.

“El sistema democrático debe apreciar el valor del respeto a las libertades individuales y cumplimiento de la normativa vigente, máxime en aquellos funcionarios públicos cuya tarea es velar por la seguridad de la población. Y aquellos funcionarios que privilegien intereses corporativos por sobre los sociales no pueden asumir responsabilidades públicas. La Policía del Chaco no puede ser conducida por quienes habilitan la represión”, remarca.

“La falta de compromiso del Poder Judicial”

Lamenta el Frente Grande “la dubitativa actitud de un sector del Poder Judicial del Chaco que no termina de expresarse claramente por el cuidado de ciudadanas y ciudadanos y no muestra compromiso con la investigación profunda de hechos represivos, que adquieren el carácter estructural en nuestra Provincia”.

Estima que “es importante recordar que el Juzgado de Garantías Nº 3 de Resistencia, a cargo de la doctora Rosalía Zózzoli, decidió en primer lugar un cambio de carátula a una más benigna y liberar a los cuatro policías imputados denunciados por participar en un allanamiento violento e ilegal agravado por torturas y vejaciones sexuales, cuyas agresiones fueron filmadas y virilizadas, generando un amplio y profundo rechazo a nivel provincial y nacional”. 

“Una nueva oportunidad para cumplir la ley”

Entendemos que “éste suceso demuestra –una vez más-  la importancia de implementar en forma definitiva la legislación vigente, como ya lo anunciara el Gobernador en la primera semana del mes de junio en el marco de un pedido de perdón por la represión en la localidad de Fontana, en especial la puesta en marcha de un control policial democrático y transparente, a través de la designación de la Dirección de Control Policial y sus órganos dependientes: una Auditoría de Asuntos Internos, una Auditoría de Inspecciones Preventivas y una Defensoría Letrada”.

Más adelante, señala que “Tanto la actuación del Poder Judicial como la de la policía son elementos claves para avanzar en la construcción de una sociedad más justa y respetuosa de los derechos humanos. Sin su transformación, será imposible evitar, por ejemplo, tristes eventos como el acontecido el fin de semana en Presidencia de la Plaza, que le costara la vida a una joven mujer por violencia de género”, rememora.

Pone énfasis en el respaldo “a la decisión del gobierno provincial de no avalar las prácticas represivas expresadas con actitudes corporativas y la clara señal que oportunamente se diera de poner al frente de la política de derechos humanos a la vicegobernadora, a la ministra de Seguridad y a la secretaria de Derechos Humanos”.