La delegada del INADI en Chaco, Nancy Sotelo pide se modifique el protocolo de uso de celulares en cárceles dependientes del Servicio Penitenciario Provincial. Solicita se extienda las restricciones a los dispositivos electrónicos.
Actualidad - Provincia
Alejandro Vargas
Ante los hechos que son de público conocimiento relacionados con el uso de teléfonos celulares por parte de personas privadas de la libertad, la delegada del INADI en el Chaco, Nancy Sotelo, solicita que se revise el protocolo que autoriza el empleo de estos dispositivos en dependencias del Servicio Penitenciario Provincial y en comisarías de la provincia y se prohíba el uso a detenidos por delitos contra la integridad sexual y femicidios.
Sotelo expresa su preocupación por un hecho ocurrido en Villa Ángela donde, según la información que trasciende a través de medios locales, un condenado por abusar de una menor de edad que estaba alojado en una comisaría disponía de un teléfono móvil y lo utilizaba para hostigar a la chica, de 15 años, que terminó quitándose la vida el día de Navidad.
La delegada del INADI explica que el protocolo para uso de teléfonos celulares por parte de personas privadas de la libertad en comisarías y en unidades del Servicio Penitenciario de la Provincia del Chaco tiene como objetivo facilitar el contacto de los detenidos con sus familiares y que el mismo se pone en marcha durante la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de Covid 19, siguiendo recomendaciones de organismos internacionales de Derechos Humanos. Sin embargo, advierte que desde hace un tiempo familiares de víctimas de femicidios y abusos sexuales vienen denunciando el uso malintencionado de dispositivos móviles por parte de personas detenidas por esos graves delitos.
“Queremos expresar nuestra preocupación por este tipo de situaciones y solicitar a las autoridades provinciales con competencia en la materia que, en función de los hechos que son de público conocimiento, actualicen el Protocolo que regula el uso de dispositivos móviles por parte de personas privadas de la libertad. Lo que se pide, concretamente, es que no se permita el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos con acceso a internet a detenidos por femicidios y delitos contra la integridad sexual”, sostiene”, Sotelo.
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