La Intergremial Judicial anuncia y reitera la medida de fuerza programada para el jueves 1 de febrero. Subraya que “es inconstitucional que se descuente cuando el conflicto es imputable al Estado como empleador”
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Desde la Intergremial Judicial, dan a conocer y ratifican “la absoluta razonabilidad y proporcionalidad de la medida de fuerza dispuesta para el jueves 1 de febrero”.
Afirman las entidades sindicales judiciales que “en virtud de encontrarse incumplido lo acordado en la pauta salarial 2023 que preveía una instancia de Revisión por Inflación en Diciembre, lo que no se puso en práctica hasta la fecha y que implica una gravísima pérdida del poder adquisitivo del salario para nuestro sector”.
Se remite al comunicado del Superior Tribunal de Justicia remarcando que “‘es de exclusiva atribución constitucional la fijación de incremento salariales por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo provincial’ es justamente por ello que luego de infructíferos intentos, y sobrados pedidos de audiencia con el gobernador, sin siquiera responder a los representantes sindicales, pese a la obligatoriedad de la revisión salarial por inflación, es que nos vimos forzados a decretar con la unanimidad de las bases, la huelga.”, reafirman.
Desconoce que exista diálogo con el Poder Ejecutivo ni Legislativo. “el silencio con dichos poderes es total, por ende jamás se puede pretender que se deponga una medida de fuerza sin siquiera convocar al diálogo con fecha cierta”.
Insisten en que “el conflicto colectivo de trabajo dispuesto por la Intergremial es de derecho y no de intereses, ello para evitar cualquier confusión frente a posibles dudas de descuentos o no pagos de días de huelga, siendo inconstitucional que se descuente cuando el conflicto es imputable al Estado como empleador por no haber cumplido con la cláusula de revisión”, subrayan.
“Otros sectores recibieron actualizaciones salariales automáticas conforme los convenios del sector (ejemplo: clausula gatillo), que hacen las veces de nuestra cláusula de revisión por inflación”, mencionan.
“Los trabajadores judiciales no recibimos actualización alguna, por ello la huelga, por el incumplimiento de dicho acuerdo”, reiteran.
“Somos servidores públicos y gozamos de derechos laborales que hoy son conculcados, por ende, debemos ejercer nuestras acciones gremiales y colectivas necesaria para defender la calidad de vida de las personas que trabajamos en el Poder Judicial”, resaltan.
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