Mujeres, gays y trans kirchneristas disconformes con el proyecto oficial de violencia de género

El movimiento de Mujeres y Disidencias del Campo Nacional y Popular sostiene que el proyecto de violencia de género oficial tiene omisiones, imprecisiones y reitera problemáticas que ya están legisladas. Solicita “ser partícipe del proceso parlamentario de esta declaración de emergencia”.

Provincia 04 de marzo de 2019
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Movimiento de Mujeres y Disidencias del Campo Popular

El movimiento de Mujeres y Disidencias del Campo Nacional y Popular salió a responder al gobernador Domingo Peppo sobre la emergencia en violencia de Género

 

 

Desde la organización piden que “se cumpla el amplio espectro de leyes vigentes en la provincia, la urgente adhesión a la Ley Brisa, que se incorpore a las identidades LGBTIQ+ y el cupo laboral trans; la implementación efectiva de la ESI en las escuelas, la baja del índice de mortalidad infantil y la tasa de niñas embarazadas. Que se lleven adelante políticas concretas para la erradicación de las violencias de género y que se termine con la precarización de las y los agentes de salud y de las personas encargadas de la atención integral a las víctimas”.

 

 

Luego del segundo encuentro en Sáenz Peña, que reunió a organizaciones de  mujeres, travestis, lesbianas y trans del campo nacional popular y feminista en asamblea permanente expresan su opinión sobre el envío por parte del gobernador Domingo Peppo del proyecto 441/2019 de declaración de emergencia en violencia de género.

        

 

Ante estas circunstancias apela al Poder Legislativo  Provincial en su conjunto, “a asumir de manera responsable el tratamiento democrático, efectivo, participativo  de este proyecto que involucra intereses colectivos  de  las diferentes identidades de géneros, mujeres, niños niñas y adolescentes  y violencia en las  diversas modalidades”.

 

 

Recuerda “a la ciudadanía en general y a los representantes de los tres poderes que  existe  una profusa gama  de instrumentos legislativos,  25 leyes especificas en la materia,  que han sido sancionadas a lo largo de estos años como acción positiva de normas internacionales y convencionales de los cuales  varias  sin aplicación efectiva  lo que genera una deuda  con la sociedad chaqueña que ha sido reclamada en cada una de las movilizaciones, marchas y en especial en el documento del XXXII Encuentro Nacional de Mujeres realizado en nuestra provincia en el año 2.017, tal es el caso de la extensión territorial de los equipos de asistencia interdisciplinarias a victimas cuya ley data de más de 23 años de sanción”.

 

 

Asimismo, señala que “en el ámbito de la Legislatura existen proyectos legislativos -más de 20-  cuyo estado parlamentario se desconoce, que aportarían respuestas  alternativas para prevenir violencias y contener a las personas en situación de vulnerabilidad y que aún nuestra provincia no ha adherido a la Ley "Brisa" 27.452 (Proyecto 3.372/18) reparación económica para los hijos de progenitores víctimas de violencia familiar o de género  ni tampoco a la  Ley "Micaela"  27.499 (proyecto 377/19 ) que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia para todos los funcionarios de los tres poderes del Estado”.

 

 

Respecto de los ejes de acción que menciona el proyecto, anunciados por el Gobernador  y que recoge el proyecto 441/19 señala que “tiene omisiones, imprecisiones, reiteran problemáticas que ya están legisladas por ejemplo la cita de "mujeres embarazadas " cuando ya existe una ley de Parto Humanizado, sin embargo a la hora de sufrir una violencia obstétrica las victimas carecen de contención y asistencia letrada”. Por lo cual solicita “a los miembros de la Cámara de Diputados   habiliten consultas con los/las diferentes actorxs sociales tanto a nivel gubernamental como de la sociedad civil organizada y especialistas en la materia”.

 

 

El movimiento de Mujeres y Disidencias del Campo Nacional y Popular adelanta su opinión:

 

1) Entiende que “no puede obviarse en una  "emergencia de  violencia de género "  las acciones de fortalecimiento para que la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral tenga aplicación efectiva en todos los establecimientos educativos de la Provincia del Chaco , cuestionamiento que  se ha visibilizado en los reclamos de  estudiantes secundarios del  año pasado que exigían sus derechos a la información y a ser oídos. Mucho más cuando la Provincia del Chaco exhibe altos números de embarazos adolescentes no intencionales en niñas menores de 15 años  (184 en el año 2017 ) y de abusos sexuales en la infancia (320 casos atendidos solo en el hospital Pediátrico Avelino Castelán”).

 

 

2)  “La Declaración de Emergencia debe ser  sin plazos dado  que debe estar vigente hasta tanto se reduzcan las cifras de femicidios, embarazos, abusos y violencias contra las mujeres, niñas, lesbians y trans, que según datos del Equipo Interdisciplinario  en el año 2018  se registraron 3.656 asistencias a víctimas,  y la Línea 137 -de emergencia - recibieron 8.095 llamadas  en el mismo año”.

 

 

3) “El proyecto debe incluir a todas las  identidades  LGTBIQ+”.

 

 

4 ) ”Fortalecer la atención primaria en salud con perspectiva de género en las comunidades originarias  - capacitación obligatoria a todos los agentes sanitarios”.

 

 

5) “Instrumentar de manera extraordinaria los pases a planta de las/los trabajadores habida cuenta que la inestabilidad y la falta de seguridad social atenta contra su  salud integral quienes además deben asumir los costos de la supervisión de profesionales de salud mental”.

 

 

6) “Promover el acceso de las mujeres rurales a recursos agrícolas productivos como forma de combatir el hambre, la pobreza dado que la feminización de la pobreza, en estas circunstancias de ajuste económico  y de retroceso en materia de derechos  es un hecho innegable en todo el territorio provincial que está directamente relacionado con los factores que perpetuán la  violencia de género e intrafamiliar”.

 

 

7) “Asegurar el cumplimiento del Protocolo de Atención Medica a las víctimas de delitos contra la integridad sexual en todos el territorio provincial, como una política de salud que evita la re victimización y garantiza el mejor acceso a la justicia”.

 

 

A partir de lo expuesto, solicita “ser partícipe del proceso parlamentario de esta Declaración de Emergencia a los fines de lograr una herramienta que supere la coyuntura emergente y posibilite transformaciones en las relaciones desiguales e inequitativas”.

 

 

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