Confirman procesamiento de Aída Ayala y Jacinto Sampayo

La Secretaría Penal N°2 de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirma la prisión preventiva para la diputada nacional y ex intendenta Aída Ayala. También define sentencia similar para el ex secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Amaro Sampayo.

Provincia 08 de enero de 2019

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Dictado de sentencia de la Secretaría Penal de la Cámara Federal de Apelaciones Nº2 de Resistencia

 La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, a través de la Secretaría Penal Nº2 de Resistencia resolvió la confirmación del dictado   de   prisión   preventiva   respecto de Aída Beatriz Máxima Ayala, Jacinto Amaro Sampayo, Daniel Alejandro Fischer, Rolando Javier Acuña, Carlos Alberto Secundino Huidobro y Pedro Alberto Martínez.

 

En los considerandos de la Resolución, expresa que “en oportunidad de dictar auto de procesamiento contra Aída Máxima Beatriz Ayala, Jacinto Amaro Sampayo, Carlos Alberto Secundino Huidobro, Pedro Alberto Martínez, Rolando Javier Acuña y Daniel Alejandro Fischer, la jueza de la anterior instancia destacó, en general, la gravedad de los delitos enrostrados y   la   amenaza   de   pena   en   abstracto   –la   que   sería   de   efectivo   cumplimiento–,   la intensidad de las investigaciones que requieren los ilícitos involucrados y la pendencia de medidas probatorias que podrían verse afectadas de estar en libertad los nombrados”.

 

Luego señala que “se advierte un pronóstico de peligrosidad procesal presentado por la posibilidad  concreta de que los imputados obstaculicen el normal desenvolvimiento   de   los   actos   pendientes   de   la   instrucción,   por   cuanto   desde  su posición jerárquica dentro de las cúpulas directivas de las empresas bajo investigación o manteniendo  su dominio funcional sin figurar formalmente en las  mismas, podrían ejercer  influencia   directa  sobre  posibles  testigos,  o  desde  el   poder  económico  que detentarían, contar con los medios para eludir el accionar de la justicia”.

 

En relación a Ayala, la jueza consideró que "su peligrosidad alcanza mayores niveles de consolidación". Para ello resaltó "su permanencia durante períodos significativos en altas esferas del gobierno municipal y nacional", afirmando que "desde su calidad de diputada nacional la colocaría en una posición susceptible de afectar   el   decurso   de   la   instrucción,   por   cuanto   poseería   los   medios   económicos, información   privilegiada   o   los   contactos   como   para   entorpecer   la   labor   de   la magistratura, ejerciendo influencia directa en cuanto a posibles testigos, presionándolos o directamente determinando el contenido de sus declaraciones".  Se explayó en relación a la posible documental obrante en el Municipio de Resistencia,   destacando  "la   existencia   de   datos   reales   y   concretos   en   punto   a   sus conexiones  ligadas  a  la  posición  de  poder  detentada  y los presuntos actos de corrupción sumamente complejos en los que habría intervenido   necesariamente   junto   a   funcionarios   municipales,   aprovechando   la estructura de dicha repartición. 

 

Al efectuar un nuevo examen de la cautelar este Tribunal confirmó oportunamente el procesamiento de Ayala en orden al "delito de  negociaciones  incompatibles  con  la función  pública  (art.  265 CP), enriquecimiento lícito (art. 268, 2 CP), fraude en perjuicio de la administración pública (art. 174 inc. 5 CP), incumplimiento de deberes de funcionario público (art. 248 CP) en calidad de coautora, y lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario público (art. 303 del Código Penal, con la agravante prevista por el art. 303 inc.  2),  apartados  a)  y  b)  del   Código  Penal),   en  calidad   de  coautora,   todos   en  la modalidad de concurso real".  De tal forma, se subrayó que "quedó acreditado que bajo la dirección de Aída Beatriz Máxima Ayala y Jacinto Amaro Sampayo se consolidó una asociación ilícita de carácter estable y permanente, producto del acuerdo de voluntades entre ellos en primer término, y luego por intermedio de personas de su más íntima confianza y lealtad (principalmente Carlos Alberto Secundino Huidobro, Daniel Alejandro Fischer y Pedro Alberto Martínez), con la finalidad de apoderarse ilegítima y deliberadamente de fondos provenientes   del   erario   de   la   Municipalidad   de   Resistencia   asignados   para   el cumplimiento de los servicios específicos a su cargo".

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