Celada y Bogado rechazan proyectos del Ejecutivo Municipal

Los concejales María Teresa Celada y Martín Bogado rechazan proyectos del Ejecutivo Municipal para la aprobación del pliego para el llamado a licitación del transporte público de pasajeros y la convocatoria a Sesiones Extraordinarias del Concejo Municipal. Sostienen que carecen de sostén jurídico.

Ciudad 07 de enero de 2019
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Concejal María Teresa Celada

De incompetente y ausente de legalidad alguna, fueron calificados los proyectos del Ejecutivo Municipal de aprobar el pliego para el llamado a licitación del futuro transporte público de pasajeros, modalidad urbano, y la convocatoria a Sesiones Extraordinarias del Concejo Municipal.

 

 

En conferencia de prensa, los concejales María Teresa Celada y Martín Bogado rechazaron de plano estas iniciativas presentadas por el intendente Jorge Capitanich y se preguntaron: “¿cuál es el apuro para aprobar un proyecto que tuvo origen en noviembre de 2.016 y tuvo dos años para su análisis?”. Además, dijeron que existen otras propuestas que merecen ser analizadas.

 

 

Al respecto, la concejal Celada, presidente del interbloque U.C.R.-Vamos Chaco expresó, “el intendente presentó la semana pasada la Resolución 3.560/19, en la cual convoca al Concejo Municipal a Sesiones Extraordinarias, desde el 7 al 25 de enero; lo cual significa que sesionemos de forma permanente.”

 

 

Explicó también que “hubo un proyecto presentado el 13 de noviembre del año pasado el cual tomó estado parlamentario para la sesión siguiente, siendo derivado a la comisión de Obras y Servicios Públicos y a la comisión Permanente del Transporte”.

 

 

Pero diferenció al señalar que “la iniciativa no mencionaba fecha y hora de la apertura de la licitación, por cual no podemos adivinar cuál es la urgencia de su tratamiento al punto que pretende que sesionemos de forma permanente y aprobemos su proyecto sin analizarlo como corresponde de todo cuerpo serio y responsable. No existe urgencia para tratarlo ahora, pero tampoco se puede hacerlo ya que hay personal técnico municipal que se encuentra de licencia por las vacaciones en las fechas que fijó el mismo intendente”, dijo la edil.

 

 

"Permanente acompañamiento"

 

 

Celada afirmó que “desde la asunción de la actual gestión legislativa, hubo un permanente acompañamiento a las iniciativas tendientes al transporte público de pasajeros de Resistencia”.

 

 

“Prorrogamos la Ordenanza 9.089, declaramos la Emergencia del Transporte, aprobamos el llamado a licitación, conformamos la Comisión Permanente del Transporte, recorrimos los barrios con audiencias públicas, es decir, nunca dejamos de apoyar todo lo que sea para mejorar la calidad de vida de los usuarios de colectivos”, enumeró Celada.

 

 

“No entiendo por qué esta apurado en aprobar un pliego que es incompetente, nulo de nulidad absoluta y menos que haya sido ad referéndum, una figura inexistente en nuestra Constitución y, peor aún, que señale que el Concejo Municipal puede anular todo”, se preguntó Celada y aclaró que hay otros proyectos que van a ser estudiados.

 

 

“El Ejecutivo Municipal tuvo dos años para presentar su pliego y ahora pretende que en Sesión Extraordinaria se lo apruebe”, comentó la concejal, a lo que apuntó que “aun aprobando el mismo, en la última sesión de marzo de este año, se tienen 70 días para llevar a cabo el trámite para el llamado a licitación, por lo que esta convocatoria no está debidamente justificada, no hay fundamento jurídico de esta decisión”, aseveró.

 

 

Bogado: No hay garantía jurídica

 

 

Por su parte, el concejal Bogado señaló que “el intendente no tiene función para emitir disposiciones de carácter legislativas, nuestra Constitución Provincial reconoce autonomía a los municipios y debe respetarse la división de poderes. La potestad de legislar es exclusividad de los concejales”.

 

 

A lo que apuntó que “nada se puede colocar ad referéndum, y la resolución en cuestión es nula de nulidad absoluta por ser dictada por autoridad incompetente”.

 

 

Bogado también observó con preocupación que “este proyecto no garantiza seguridad jurídica a los participantes de la licitación, ya que establece que se puede modificar condiciones y como así tampoco, asegura la indemnización al respecto”, finalizó.

 

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