Para la Unión Judicial el año es negativo, en lo salarial

La Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco califica de negativo respecto a la salarial, al año que finaliza. Plantea que el Ejecutivo provincial nunca convocó a paritarias; que el Legislativo recibió el reclamo pero no legisló con independencia de criterio;y felicita la política de apertura y unidad del Superior Tribunal de Justicia.

Provincia 13 de diciembre de 2018
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Manifestaciones de la Unión Judicial

La Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco hace un balance del año señalando que “fue un período negativo respecto a lo salarial, en el cual se volvió a perder el poder adquisitivo del trabajador del sector en el orden del 30 por ciento, a pesar de las promesas del gobernador Peppo que lo iba a mantener, teniendo en cuenta que la inflación anual está cerrando cercana al 50 por ciento y los aumentos impuestos por el gobierno fueron de un 10 por ciento al básico y de adicionales que representan otro 10 por ciento, ambos en cuotas que terminan de pagarse este fin de año”.

 

 

El Ejecutivo provincial nunca convocó a paritarias imponiendo aumentos por decretos, con el aval de solo un gremio judicial, aumentos que además de ser insuficientes, son discriminatorios ya que otorgan mayores porcentajes en adicionales para jueces y magistrados, sin respetar la Constitución Nacional ni Provincial, acuerdos preexistentes firmados con el Ministerio de Justicia de la Nación, ni lo consensuado por la Mesa Salarial del Poder Judicial, ignorando varias sentencias judiciales ratificadas por la Corte Suprema de Justicia, incumpliendo con la palabra empeñada y demostrando una mala gestión siendo el poder estatal encargado de la caja de la provincia”, evalúa la Unión Judicial.

 

 

“A lo largo del año, el Poder Legislativo recibió el reclamo de éste gremio,  hubo una apertura en este sentido pero sin encargarse de legislar con independencia de criterio, más allá de todas las presentaciones gremiales que denunciaban los errores en los decretos, quedando pendiente el tratamiento en el recinto de los aumentos que el Ejecutivo impuso y la actualización en el monto del impuesto por tasa de justicia, proyecto elevado por el STJ, que acompañó la Unión Judicial”, profundiza el análisis.

 

 

Luego indica que “el Superior Tribunal de Justicia de la provincia recibió al gremio en varias oportunidades, lo que se agradece y se felicita desde esta dirigencia esperando que la política de apertura y unidad se fortalezca cada año, pero aun así, no demostró el ímpetu en el reclamo hacia el ejecutivo tal como lo hacen las cabezas de los poderes judiciales de otras provincias y el de la Justicia Federal, por lo que no pudo lograr que el gobierno recapacite y compense partidas presupuestarias para mejorar los salarios de los trabajadores del sector, como sucede en las demás justicias siendo el resultado de esta política que tanto trabajadores como jueces tienen a esta altura el peor salario de todas las justicias del país”.

 

 

Así también, resalta “la decisión del STJ de devolver los descuentos a los trabajadores que durante el año reclamaron con medidas de fuerza legítimas y se seguirá insistiendo con la conformación de la mesa salarial, la apertura de paritarias, el pago igualitario en adicionales según nuestra Ley porcentual, la participación de los gremios en la modificación del Reglamento Interno, la situación edilicia de juzgados en Sáenz Peña y la creación de  una caja compensadora con fondos nacionales para la equiparación salarial nacional, proyecto que este gremio acompañó con presentaciones hechas al Ministerio de Justicia de la Nación y con el diálogo abierto con dirigentes de la UEJN”.

 

 

En último término, la Unión Judicial afirma que “como representantes gremiales tenemos diferentes formas para lograr encauzar los reclamos de nuestros afiliados, se apostó al diálogo en varias oportunidades sin ninguna respuesta del Gobernador ni del Ministro de Hacienda, se hicieron las presentaciones pertinentes en los distintos organismos pero quedaron todas supeditadas a la decisión del gobierno, por lo que ante la falta de respuestas no nos queda otra medida que defender nuestros derechos con medidas de fuerza, las que se convocaron con diferentes modalidades y lógicamente complicaron la calidad de nuestro servicio de justicia, reconocido a nivel nacional, situación de la que se responsabiliza al ministro de Hacienda quien administra la caja de la provincia y al Gobernador, quienes año tras año le sacan presupuesto a este poder estatal desmereciendo la importante y eficiente tarea que se brinda a la comunidad”, concluye.
 

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