Ley Antipiquetes: "El gobierno provincial pretende reprimir toda forma de protesta social", afirma Carlos Martínez

Carlos Martínez, referente de Libres del Sur, afirma que es un hecho de gravedad el proyecto de modificación de la Ley Antipiquetes. Sostiene que  con el protocolo que pretende implementar, “el gobierno provincial busca reprimir toda forma de protesta social”.

Provincia 21 de mayo de 2018

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Carlos Martínez

Carlos Martínez, referente de Libres del Sur, se refirió al proyecto de modificación de la Ley Antipiquetes, al considerarla un hecho de “gravedad”. En esa línea, se manifestó en contra de su sanción.  

 

“Las y los ciudadanos tienen derecho a manifestarse porque les aumentan la luz, por la situación de pobreza, de desocupación, por educación y salud. El protocolo antipiquetes que quiere implementar el gobierno provincial busca reprimir toda forma de protesta social, por más justo que sea el reclamo”, asegura Carlos Martínez.

 

 

El ex diputado provincial explica algunos puntos centrales del protocolo: ”Lo más grave es que trata como delincuentes a personas que van a manifestarse por sus derechos, que se movilizan por trabajo, educación, salud, baja de tarifas. Esto quiere decir que si la persona no acata la orden de la policía será conducido a una comisaria sin ninguna orden, pese a no estar cometiendo ningún delito”.

 

 

“Además viola la Ley de Inteligencia nacional, porque autoriza la filmación de los operativos y a los manifestantes. Cuando en realidad los reclamos de la ciudadanía tienen que ver con problemáticas puntuales, no tiene que ver con motivos de seguridad nacional”, sostiene.

 

 

Y luego amplía: “Por otra parte esta iniciativa afecta la libertad de prensa. Fija a los periodistas un lugar determinado y un ámbito de actuación, para que no interfieran con el procedimiento. Por lo cual la libertad ambulatoria y la libertad de los trabajadores de prensa se va a ver afectada seriamente”.

 

 

La represión del conflicto social es el peor de los caminos y, de prosperar, traerá gravísimas consecuencias para nuestros ciudadanos y para nuestra democracia. Nuestra Constitución Provincial dice que existe el derecho de peticionar a las autoridades y obtener respuestas de ellas. Se deben dar respuestas desde la política y el diálogo no desde la violencia y la represión”, finaliza.

 

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