Corregido pide la nulidad de la audiencia pública del transporte público de pasajeros

El defensor del pueblo del Chaco, Gustavo Corregido presenta un amparo con el que pide la nulidad de la audiencia pública por el costo de la tarifa del transporte público. Pide al Gobieno Provincial que se abstenga de aplicar un nuevo cuadro tarifario para el transporte público de pasajeros.
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La Defensoría del Pueblo de Chaco presentó un amparo contra la Subsecretaría de Transporte de la provincia del Chaco y el Poder Ejecutivo Provincial pidiendo que se declare la nulidad de la audiencia pública por el costo de la tarifa del transporte público. La audiencia, a través del Decreto 54/18, se había iniciado el 23 de febrero y pasó a cuarto intermedio para hoy a pesar de reiterados pedidos de suspensión ante la falta de información sobre el estudio de costos.

 

 

Corregido pide a la Justicia que se declare la inconstitucionalidad de los instrumentos administrativos que se dicten como consecuencia de dicha audiencia. Especifica que el Estudio de Costos de la Subsecretaría de Transporte de la Provincia remitido a la Defensoría del Pueblo para su análisis no contiene información acerca de subsidios provinciales que se estarían aportando al sistema de transporte público.

 

 

Por otro lado, solicitó una medida cautelar de no innovar para evitar que cualquier demora torne ilusorio el amparo y pidió que el gobierno se abstengan de aplicar un nuevo cuadro tarifario para el transporte público interurbano de pasajeros del Área Metropolitana del Gran Resistencia.

 

 

Los detalles

 

 

Tras el análisis del equipo técnico de la Defensoría del Pueblo, el organismo señala que “la información presentada por la Subsecretaría no brinda datos sobre el capital promedio de vehículos de la flota, la dotación de personal correspondiente al Sistema de Transporte Interurbano discriminados por funciones, la valuación de los inmuebles afectados al transporte interurbano de cada empresa, discriminando en valores de edificio, pavimentos y terreno”. Además, plantea que “falta conocer el valor de los edificios, de las áreas de estacionamiento y garajes, de las máquinas, herramientas y muebles de cada empresa y documental que permita valorar el patrimonio de cada empresa de transporte”.

 

 

“Los errores detectados y la omisión de haber remitido la información solicitada, además de no efectuar un análisis detallado de cada rubro que componen la tarifa, es una violación al acceso a la información a un órgano de rango constitucional como es la Defensoría del Pueblo. Esto consecuentemente vició el procedimiento de la audiencia pública y la misma es de nulidad absoluta, atento a que la finalidad es la participación ciudadana y omitiendo datos se bloquea esa participación”, explicó el defensor.

 

 

Corregido recordó que la Defensoría del Pueblo emitió más de una recomendación pidiendo que se realice un nuevo estudio de costos representativo del sistema del Transporte Público del Área Metropolitana del Gran Resistencia y la convocatoria a una Nueva Audiencia Pública.

 

 

También señaló que durante la última semana se reiteró el pedido del acceso a la información que faltaba y aun así no se completó la cantidad de datos necesarios. Por otro lado, señaló que también la Cámara de Empresarios del Transporte Automotor del Chaco presentó un estudio de costos sin indicar la normativa aplicada ni documental que avale los cálculos realizados y ese estudio arrojó un costo por pasaje de 14 pesos. Esto se debe a la  falta un criterio específico que unifique la metodología, como por ejemplo el número de unidades contenida en una empresa tipo.

 

 

El ombudsman indicó que las deficiencias en el desarrollo de la metodología para el desarrollo de los costos actualmente aplicada por el gobierno provincial se apartan de las premisas de cálculo que se implementa en el orden nacional, redundando en valores arbitrarios de la tarifa, que perjudican al pasajero.

 

 

Además recordó que la Defensoría del Pueblo presentó ante el Poder Legislativo un proyecto de ley para aunar criterio. “Es de urgente necesidad una revisión integral de toda la metodología de cálculo de la tarifa del transporte público ajustada a la normativa de la concesión del servicio”, marcó.