UPCP rechaza la reforma de la Ley de Asociaciones Sindicales

José Niz, secretario general de la Unión del Personal Civil de la Provincia, expresa rechazo a la reforma de la Ley de Asociaciones Sindicales. Considera que implica la intromisión del Gobierno en la vida interna de los sindicatos.
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José Niz, secretario general de UPCP

El secretario general José Niz  señaló, al referirse a la reforma de la Ley Nº 23551, que  “el objetivo del gobierno nacional es  desactivar los sindicatos para impedir la lucha organizada por los derechos de los trabajadores y las manifestaciones en contra de las políticas de represión y criminalización de la protesta.”

 

 

“Uno de los pilares básicos  de las conquistas de derechos por parte de los trabajadores, son los sindicatos  y no es llamativo que en este contexto de violación de derechos y ajuste,  dirigido específicamente  a la clase trabajadora,  pretendan orientar a la sociedad para despersonalizar la responsabilidad individual de cada dirigente y depositarla en  la organización  sindical, usando casos aislados,   para justificar  la modificación de la ley, a modo de intervención encubierta a los sindicatos y como siempre   introducir  la duda  aduciendo que lo vienen hablando con algunos dirigentes cuando seguramente no es verdad”, aseveró.

 

 

“Los legisladores, Poder Judicial y Poder Ejecutivo, identificados con la hegemonía  de las corporaciones,  siempre aplican el mismo procedimiento, arrogarse la representación de ‘la sociedad’ sin identificar a nadie  y demonizar a     una institución para luego desactivarla,  porque no les es funcional a su plan de vaciamiento de la Argentina y ajuste para los asalariados, desocupados y sectores más vulnerables de la sociedad”, manifestó Niz.

 

 

La Ley 23551

 

 

“En cuanto a los justificativos del Proyecto, no resisten el menor análisis”, dijo el dirigente del sindicato estatal.  “Se refieren a la democratización de los sindicatos, cuestión que se encuentra claramente regulada en la Ley, estableciendo que las elecciones deben efectuarse  cada 4 años -como máximo- y a los efectos de la postulación de candidatos se exige  un 3 por ciento de avales de los afiliados,  en el marco de un procedimiento que es fiscalizado en todas sus etapas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Además la misma ley en caso de incumplimiento, prevé un mecanismo de sanciones llegando las más graves,  a sancionar con  la suspensión o cancelación de la personería gremial”, indicó.

 

 

“La Ley 23551 constituye un  marco normativo  al que se deben ajustarse los Estatutos Orgánicos, los que deben ser aprobados por el Ministerio de Trabajo, y es allí donde se establece la garantía de periodicidad, elemento esencial que asegura la democracia, junto a las elecciones libre regidas por los estatutos y de modo supletorio por la Ley Electoral Provincial”, explicó Niz. Ante esto, consideró que “hablar de democratización de los sindicatos a través de la modificación de la ley es falso y   transgrede de modo evidente y manifiesto el derecho de los trabajadores  de ser elegidos y de elegir garantizado por la Constitución Nacional y Provincial, pero por sobre todas las cosas, viola la garantía constitucional que asegura  que ninguna autoridad debe inmiscuirse en la vida interna de las asociaciones sindicales”.

 

 

Indicó además que “los hechos que se investigan en la actualidad, nada tienen que ver con el sindicalismo y en todo caso deben ser investigados como delitos comunes con las garantías que nuestro Estado de Derecho  le otorga  a todo ciudadano,  pero  no debe ser utilizado como elemento para justificar la modificación de una ley  que tiene en cuanto a su cumplimiento el control directo de la autoridad de aplicación nacional –Ministerio de Trabajo y Provincial-Dirección Provincial del Trabajo y del Poder Judicial”.

 

 

Dijo el gremialista que “antes de hablar, hay que leer la ley,  porque las elecciones no son sólo de secretarios generales sino de una Comisión Directiva que actúa como cuerpo colegiado y en algunos casos con la conformación de Consejo Nacionales  en las que se encuentra representada cada Delegación, donde se deliberan y se resuelve de modo democrático  cualquier decisión que haga a la actividad sindical, la que debe efectuarse en el marco de la ley, dado que sino operan de modo directo las sanciones del artículo 56, atento que se encuentra sujeto a penalidades cualquier apartamiento de las duras exigencias que establece la Ley 23551”.

 

 

Consideró además que “la acción de algunos legisladores es cuestionable porque ponen en duda la eficacia  de la legislación vigente, pretendiendo reducir  la representación de los trabajadores  a ‘caudillaje’ denostando la acción sindical,  simplemente porque no es funcional al gobierno de turno y pretenden generar sindicalistas y sindicatos esclavos de los poderes hegemónicos.”

 

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