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title: "Debate por la Ley de Reiterancia: \"Ya existe en el sistema penal, no confundamos a la sociedad\""
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description: "La polémica por la reforma del Código Procesal Penal cobra fuerza en la legislatura local. Sostienen que la reiteración delictiva ya está contemplada por norma y reclaman un plan de seguridad integral."
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date_published: "2026-08-14T15:14:00-03:00"
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author_name: "Chaco On Line"
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category_name: "Actualidad - Provincia"
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# Debate por la Ley de Reiterancia: "Ya existe en el sistema penal, no confundamos a la sociedad"

**Puntos clave de la noticia**

**Existencia previa de la figura**: La legislación penal vigente ya contempla en su artículo 289 la reiteración de la actividad delictiva como factor para determinar la prisión preventiva o evaluar la detención de un imputado.

**Falta de consenso interno:** Dentro del propio bloque oficialista conviven cuatro proyectos distintos sobre la misma materia, lo que evidencia divisiones sobre cuál iniciativa impulsar.  
**Falla estructural del sistema:**Señalan que la problemática de la "puerta giratoria" no se resuelve únicamente con parches legislativos, sino con fiscales con recursos, investigaciones eficaces, procesos rápidos y condenas efectivas.

**Reclamo de un debate de fondo:** Advierten que reducir la seguridad pública a un anuncio legislativo busca "instalar un título" en lugar de abordar una política criminal seria y de prevención efectiva.  
La controversia en el ámbito legislativo.

**RESISTENCIA (Agosto de 2026).-** El debate en torno a la implementación de una nueva ley de reiterancia en el fuero penal enciende la discusión política. Frente a las propuestas legislativas que buscan frenar la reincidencia, la diputada Pía **Cavana** cruza al gobernador Leandro Zdero y aclara que el marco jurídico vigente ya otorga herramientas para actuar contra quienes reinciden en el delito.

"La reiterancia ya existe. Si una persona comete un delito, recupera la libertad y vuelve a cometer otro, la Justicia ya puede tener esa circunstancia en cuenta al momento de evaluar nuevamente su detención", afirma Cavana.

**La vigencia del artículo 289 y las objeciones a la propuesta**

La legisladora explica que el artículo 289 del Código Procesal Penal faculta de manera explícita a los magistrados a considerar la continuidad delictiva dentro de las medidas cautelares. Por ello, cuestiona que se pretenda vender el proyecto como una solución inédita frente a la inseguridad.

"No confundamos a la sociedad. Podemos discutir modificaciones y herramientas para mejorar el sistema, pero no podemos decir que estamos creando algo que hoy no existe", remarca.

**Divisiones dentro del propio espacio político**

A la objeción técnica se suma una crítica a la estrategia parlamentaria del oficialismo. Según detalla **Cavana**, la falta de una postura unificada frena el debate serio sobre el tema:

**Iniciativas contrapuestas:**Existen cuatro propuestas diferentes presentadas por legisladores del mismo espacio.

**Falta de consenso:** Reclama que la bancada oficialista ordene sus filas y defina cuál es el texto definitivo antes de convocar al recinto.  
**Diagnóstico de fondo:**más allá de la "puerta giratoria"  
Para **Cavana**, enfocar la crisis de seguridad exclusivamente en parches normativos desvía la atención de las deficiencias operativas de la Justicia penal.

"La puerta giratoria no se combate solamente cambiando una ley. Se combate con investigaciones que funcionen, fiscales con recursos, procesos que no duren años, condenas que lleguen a tiempo y penas que se cumplan de manera efectiva", enfatiza.

Asimismo, cuestiona la falta de un análisis sobre los fallos del propio aparato estatal al momento de reinsertar o procesar a imputados recurrentes:

"Ustedes no quieren discutir una política integral de seguridad. Tampoco quieren hablar seriamente de política criminal. Quieren instalar un título. Nosotros estamos dispuestos a discutir cómo mejorar las herramientas de la Justicia, pero la ciudadanía merece mucho más que una consigna".

El reclamo concluye con una exigencia amplia: un plan de política criminal con recursos, celeridad judicial y mayor presencia del Estado en la prevención del delito.

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