Proyecto "Antipiquetes": Organizaciones sociales piden a diputados que no lo aprueben

Según datos oficiales, Resistencia es la capital más pobre del país, con un 40 por ciento de pobreza, medido a fines del año pasado, agravándose la situación en estos meses. La mayoría vive en los 308 asentamientos que rodean Resistencia, incrementados por un éxodo rural que desangra el campo.

 

 

Los movimientos sociales que integran la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie,  la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Originarios en Lucha y la Federación Nacional Campesina Originarios en Lucha y la Federación Nacional Campesina, expresan: “Queremos dejar testimonio de nuestra preocupación ante el deterioro inocultable de la situación económica y social de nuestros compañeros y de la sociedad toda y del error de diagnóstico del gobierno y de algunos sectores, para abordar esta dramática situación”.

 

 

“El rumbo de la economía impulsado por el gobierno nacional, que está claramente orientado a beneficiar a los grandes  grupos de poder, deja afuera de toda política pública a los sectores más desposeídos de nuestro pueblo. La especulación financiera y la inflación, atenta contra los magros ingresos y por cada  empleo formal que se pierde hay tres de la economía popular que dejan de existir.  Las changas que realizaban nuestros compañeros que servían para llegar a fin de mes, han desaparecido casi por completo, el asalariado que antes le pagaba al compañero para que le corte el pasto,  hoy debe hacerlo el mismo para hacer estirar su propio sueldo, de esta forma el desempleo y la flexibilización laboral, atentan directamente sobre nuestro sector”, expone. 

 

 

Luego señala que “esta situación golpea más al Chaco por su situación estructural y porque es una economía regional que tiene a la cadena algodonera -su producción social histórica-  en profunda crisis, por la apertura indiscriminada de las importaciones. Esto agravado por la dependencia de la Coparticipación Federal, que no respeta la exigencia mínima de distribución del 34 por ciento a las provincias, ni la devolución de las retenciones indebidas”. 

 

 

“Con nuestras luchas nacionales, a las que contribuimos con firmeza y masividad en la provincia, logramos la Ley de Emergencia Social Nacional. Considerando sólo esa conquista, hemos traído al Chaco aproximadamente 10 mil Planes del tipo Argentina Trabaja. Eso significa un aporte mensual de 47 millones de pesos y 600 millones de pesos anuales, que no los consiguió ningún funcionario provincial y mucho menos algunas de las organizaciones de comerciantes, beneficiarios directos de estos montos. Organizamos panaderías, copeos de leche, comedores, ladrillerías, bloqueras, construcción de viviendas, huertas y luchamos para que los chicos se capaciten y tengan una esperanza, para sacarlos del flagelo de la droga que crece en todos lados”, expusieron las organizaciones sociales. 

 

 

“Nosotros no invertimos en Lebacs, ni compramos dólares.  En el mejor de los casos, cobramos esos, 4.700 pesos, cuando la línea de indigencia supera los 7 mil pesos y los gastamos todo en los comercios de los que nos acusan de ser los culpables de su falta de ventas, ocultando las causas reales de la política nacional. Nos critican por luchar, pero si estos planes caen por las exigencias del FMI que se vienen, esos comercios cierran. Dicen que por interrupciones en el tránsito ellos tienen dificultades de ventas, pero pidieron hacer peatonales para evitar el tránsito vehicular”, plantean.

 

 

“Sabemos que nuestras medidas de reclamo molestan, pero no tenemos otras para que se vea la realidad que se quiere ocultar y exigir respuestas en un festival de millones  de un lado para otro. Cuando preguntamos cuales pueden ser otras formas de reclamo, no saben que responder. Algunos dicen ‘vayan a la casa del gobernador’, cosa que no dicen en las reuniones que ellos promueven con las autoridades”, dicen Barrios de Pie, CCC, CTEP, Orginarios en Lucha y la FNC.

 

 

“Es verdad que colisionan los derechos de comer, vestirse y tener un techo donde vivir, con el de transitar, pero sabrán que hay algunos derechos que están sobre los otros”, remarcan. A lo que luego afirman que “siempre hay caminos alternativos y con o sin corte lo que hay es un caos de tránsito no resuelto”.  

 

 

En este marco expresan profunda preocupación y desacuerdo “con la propuesta del Ejecutivo, que tiende a restringir los reclamos y facilitar las medidas represivas que agravarán toda la situación”.

 

 

“El camino no es ese, es el de enfrentar la política nacional que quiebra las economías regionales, las pymes y la industria nacional empujando al desempleo, los bajos salarios que pierden con la inflación, la paralización y el recorte de la obra pública, los tarifazos y la carga impositiva no diferenciada, la agricultura sin agricultores,  la inflación imparable, el negociado de las Lebacs,  con el que se van miles de millones de dólares a bolsillos de los poderosos que especulan, la rebaja de impuestos a las mineras y exportadoras y la creciente deuda externa que pasó a ser la más grande del mundo, ahora monitoreados por el FMI”, sostienen.

 

 

Barrios de Pie,CCC, CTEP, Originarios en Lucha y la FNC solicitan a los diputados “que no aprueben el proyecto de Ley y a todos los sectores castigados por la crisis, a participar de la Marcha Federal Multisectorial  que parte de todos los rincones del país para llegar a Buenos Aires el 1 de junio, en el camino de frenar esta situación antes de que sea tarde, impulsando un cambio de rumbo a favor de las mayorías populares y de la nación”.