Gremios estatales advierten sobre el inicio de "un plan de lucha conjunto"

Los dirigentes de distintos sectores que representan a los trabajadores nucleados en UPCP, ATECh, SITECh Federación, UTrE CTERA, SADOP, APTASCh, SOSCh SAMEEP y Unión de Trabajadores Judiciales, se reunieron en la sede de UPCP y unificaron acciones para reclamar el aumento salarial.

 

 

Estas entidades sindicales exigen la convocatoria del gobierno provincial para tratar la política salarial de este año.

 

 

Señalan los representantes de los distintos sectores: “la unidad y la lucha será la respuesta frente a los anuncios de ajuste que impone el gobierno a los trabajadores y ante la falta de convocatoria para tratar seriamente la política salarial del año 2018.”

 

 

“Los salarios han perdido el poder de compra y los trabajadores no pueden hacer frente ni siquiera a los gastos de la canasta familiar y escolar”, afirman.

 

 

“Frente a la oferta obscena de un aumento salarial del 6 por ciento a los docentes, todos los trabajadores hemos resuelto de modo unánime poner freno a estas políticas que buscan que seamos un país sin soberanía con más de un 40 por ciento de niños desnutridos que tienen hipotecado su futuro y nunca tendrán los recursos cognitivos indispensables que le permitan crecer y desarrollarse”, exponen.

 

 

Exigen “una urgente convocatoria del Gobernador para discutir las pautas salariales de este año, acordes con la realidad del trabajador y no con las conveniencias del gobierno nacional.

 

 

“No descartamos el inicio de un plan de lucha conjunto, para compulsar al Gobierno Provincial a resolver la política salarial de este año, pagar lo que nos adeudan y luego recomponer e incrementar el salario de los trabajadores para evitar el empobrecimiento de quienes debemos garantizar la continuidad de los servicios públicos”, advierten.

 

 

Ratifican por unanimidad “el rechazo al decreto presidencial que elimina las paritarias docentes nacionales, y exigen su derogación y la inmediata convocatoria de las mismas, porque el Estado Nacional tiene deberes indelegables establecidos en la Ley de Financiamiento Educativo”.

 

 

Exigen que “se garantice la intangibilidad del salario, el respeto a la división de poderes y la independencia del Poder Judicial, pilar republicano de la defensa de los derechos y la Constitución Nacional y Provincial”.

 

 

“Críticas y fundamentos que demuestran las falacias del Ejecutivo Provincial”

 

 

Someten a crítica los dichos del Gobierno y señalan: “llama poderosamente la atención que el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas afirme que la masa salarial se incrementó en un 30 por ciento el año pasado cuando los aumentos salariales otorgados no superaron el 13 por ciento, quedando totalmente retrasados en relación con una inflación que cerró en un 26,9 por ciento”, por eso consideran “si el Chaco recibió más de un 35 por ciento de recursos nacionales en 2.017, deberían rendir cuentas y explicarnos a los chaqueños: ‘en qué se aplicaron los excesos de recursos ejecutados’”. A lo que acotan: “Las pautas salariales se definen en función de ingresos efectivamente ejecutados y en proyecciones de la evolución fiscal, no por las pautas macrofiscales que sugiere la Nación para la formulación del presupuesto.”

 

 

Agregan, además, que “el presupuesto se formula con los datos de masa salarial al mes de agosto del año en que se presenta el proyecto a la Cámara de Diputados (30 de septiembre del año anterior al del presupuesto a aprobar). Por lo tanto, no existe previsión presupuestaria para pautas salariales en el presupuesto”.

 

 

Por eso consideran que “las afirmaciones del ministro de Hacienda no son veraces, cuando dice “todo aumento por encima de lo autorizado no cuenta con el financiamiento correspondiente.” Y afirman que, por la técnica de elaboración del presupuesto, en realidad no existe financiamiento previsto en el presupuesto para pautas salariales, con sólo revisar los decretos de aumentos salariales se demuestra porque todos se dictan ‘ad referéndum’ de la Cámara de Diputados quien los aprueba por ley al final del año”.

 

 

En el año 2.017, relatan los dirigentes,” los ingresos de origen nacional crecieron un 35 por ciento. En enero de 2.018 aumentaron un 38 por ciento por ende la pauta salarial ofrecida empobrece al trabajador y no guarda relación con los fondos que recibe la provincia tanto por recaudación como coparticipación”. A partir de esto se preguntan: “¿A dónde van los excedentes de los ingresos fiscales ejecutados?”. A lo que seguidamente expresan: “Esperamos las respuestas porque los fondos públicos nos pertenecen a todos y el dueño no es el gobierno”, concluyen.