Diputados provinciales que integran la comisión de Legislación General comienzan el análisis de iniciativas presentadas por el Ejecutivo chaqueño. Uno de ellos, apunta a la ampliación de los juicios por jurados por los procesos civiles y comerciales; otro, de reforma integral de la Ley de Mediación y además, la creación de una escuela judicial del Consejo de la Magistratura.
Actualidad - Provincia
La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados del Chaco inicia el estudio de proyectos presentados por el Poder Ejecutivo para reforzar el sistema de justicia. Se trata de tres proyectos remitidos por el gobernador Jorge Capitanich que propicia por un lado una ampliación de los juicios por jurado para alcanzar procesos civiles y comerciales; un proyecto de reforma integral de la Ley de Mediación, y la creación de una Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, los que fueron girados para su tratamiento a la comisión de Legislación General, Justicia y Seguridad y que hoy al ingresar en la cartera, como primer paso, los legisladores consideran pedir opinión a diversos organismos para iniciar el análisis y estudio de cada iniciativa en particular.
El proyecto de Ley 1.463/2.020 que propicia la ampliación de materia en Juicios por Jurados en casos Civiles y Comerciales, considerando que será beneficioso al sistema judicial, aplicándose de manera gradual como servicio a los litigantes en juicio público, oral, adversarial y ante todo, con participación ciudadana.
El proyecto 1.461/2.020, busca la reforma integral de la legislación en materia de Mediación, Capitanich indica que esta se gestó “considerando que será beneficioso para la desmonopolización de la Justicia en materia de resolución de conflictos y que a su vez garantizará plenamente los principios fundamentales de la mediación como mecanismo alternativo de resolución de conflictos: voluntariedad, imparcialidad, confidencialidad, inmediación, comunicación directa entre las partes, celeridad del trámite”.
La iniciativa legislativa 1.462/2020 por la que impulsa la creación la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chaco, con la cual se propiciará la capacitación de funcionarios de la judicatura.
Por Escuela Judicial debe entenderse un conjunto integrado de medios, herramientas, personas y objetivos dirigidos a una formación con un nivel de exigencia sumamente elevado para quienes ejerzan la función judicial, así como a los aspirantes a ingresar a ella, permitiendo un mejor conocimiento de las instituciones, consolidando conocimientos jurídicos y técnicos, recabando y compilando buenas prácticas profesionales desarrolladas en las diferentes jurisdicciones.
La presidenta de la comisión, Nadia García Amud, destaca el ingreso de las iniciativas explicando: “se trata de tres proyectos del Poder Ejecutivo, sumamente productivos y que traerán muchos avances en la justicia provincial” y explicó que ”la comisión avanzó en los pedidos de opinión a los organismos y entidades correspondientes para su tratamiento”.
Por otra parte, García Amud adelanta el despacho favorable de la bancada oficialista para otra iniciativa del Ejecutivo que, de ser sancionada, reglamentaría la actividad rentada de personas condenadas privadas de su libertad para mejorar su reinserción en la sociedad.
Al remitir la propuesta legislativa, el gobernador argumenta “contar con una educación y capacidad financiera es una de las tantas necesidades a abordar por el tratamiento penitenciario. La finalidad del tratamiento es la de preparar a las personas en todas las competencias que son imprescindibles para la vida social”.
“Las medidas que pueden tomarse para lograr la auto-sustentabilidad pueden hacer una contribución directa o indirecta a la persona del detenido. Algunas medidas que han sido estudiadas están dirigidas a estimular de manera directa la auto-suficiencia. Otras medidas, de manera indirecta, buscan crear un ámbito o circunstancias en las que se desarrolle con mayor facilidad el comportamiento auto-suficiente”.
Explica además “Todas las personas privadas de su libertad que trabajan en establecimientos de detención tienen derecho al cobro de una remuneración, denominada usualmente peculio, independientemente de su calidad de procesado o condenado. Ese peculio es administrado por la propia penitenciaría y es aplicado, al pago de la indemnización de los daños y perjuicios causados por el ilícito penal cometido por el condenado, cuando no se han abonado con otros recursos; a atender las necesidades de la familia del condenado; a la formación de un fondo que se entrega al recluso cuando recobra su libertad”.
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