Masín pide el tratamiento urgente de la emergencia de la propiedad comunitaria indígena

La diputada nacional del Frente para la Victoria, Lucila Masín, solicita para hoy, el tratamiento en una sesión especial de la prórroga de la emergencia de la propiedad comunitaria indígena. Sostiene que la demora en el tratamiento dejaría sin resguardo a las comunidades originarias sobre las tierras que ocupan.
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diputados nacionales del FPV junto a pueblos originarios

La diputada nacional Lucila Masín junto a sus pares del bloque FPV-PJ solicitaron una sesión especial para hoy donde se dará tratamiento la prórroga a la Ley 26160, que dicta la emergencia de la propiedad comunitaria indígena, a fin de prohibir desalojos a las comunidades indígenas de sus tierras ancestrales. 

 

 

“Junto a los diputados nacionales del FPV elaboramos una propuesta que fuera presentada por Juan Manuel Pedrini (proyecto de Ley N° 4620-D-2017), en donde planteamos una prórroga a dicha ley hasta noviembre de 2021, considerando la gravedad del contexto que atraviesan los pueblos indígenas, como ya está ocurriendo con la comunidad mapuche en el Sur de nuestro país”, expresó la representante chaqueña en el Congreso.

 

 

En este sentido, la ley aprobada en el año 2006 y prorrogada hasta noviembre de este año, tiene entre sus objetivos relevar las tierras ocupadas por las comunidades indígenas a lo largo del territorio nacional, y a su vez, suspende los desalojos de las mismas. Debido a la urgencia de su tratamiento, la diputada exhortó a que “nuestros compañeros legisladores nos acompañen en este proyecto”.

 

 

De acuerdo con el artículo 75 de la Constitución Nacional en donde se dispone que debe garantizarse “la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan [los pueblos indígenas], y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano”, más las diversas adhesiones hechas por nuestro país a tratados internacionales, el Estado nacional está obligado a reconocer la preexistencia de los pueblos indígenas, así como respetar y construir herramientas para asegurar su territorio y supervivencia. 

 

 

“Es necesario terminar con el proceso de relevamiento de las comunidades”, sostuvo Masín. A lo que luego apuntó que “en todo el país hay más de 900 comunidades, entre las que están en proceso de relevamiento y las que aún faltan por relevar (sin sumar las que no se encuentran registradas), quedarían a la deriva”. En este contexto, y frente al estado de situación, “consideramos la urgencia del tratamiento de este proyecto ya que la demora de la prórroga dejaría a cientos comunidades indígenas sin resguardo ante la posibilidad de ser desalojadas”, advirtió.

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